El mar Mediterráneo es uno de los mares más importantes del mundo. Con una variedad de peces de valor comercial y una larga tradición de pesca artesanal, la abundancia de las aguas del Mediterráneo ha fomentado el comercio y el desarrollo económico de la región durante milenios. Sin embargo, décadas de pesca intensiva, a menudo con el uso de métodos de pesca destructivos, como la pesca de arrastre de fondo, han llevado a la sombría situación actual: una crisis pesquera total.

Por lo tanto, no es de extrañar que el Mediterráneo sea oficialmente el mar más sobreexplotado del mundo, según un informe de 2018 de la FAO. Aunque en los últimos años hemos visto un progreso significativo en la reducción de los niveles de sobrepesca en las aguas del Atlántico, alrededor del 90 por ciento de las poblaciones de peces están clasificadas como sobreexplotadas en el Mediterráneo. Las poblaciones de peces han sido capturadas al doble de sus niveles sostenibles. Estas altas tasas de sobreexplotación plantean riesgos significativos para el colapso de estas poblaciones. Esto perjudicaría directamente a los pescadores, las empresas y los medios de vida de las comunidades costeras que dependen de estos recursos marinos naturales pero limitados.

¿Quién asume la responsabilidad, entonces? La UE tiene una responsabilidad adicional, siendo el jugador clave de la pesca en términos del volumen de capturas, el tamaño y la capacidad de su flota pesquera. Los responsables de la toma de decisiones de la UE son los que han estado ignorando repetidamente la ciencia al establecer límites de captura, no han desarrollado medidas de gestión de la pesca y han pasado por alto el control y la aplicación de tales acciones.

Por tanto, resulta preocupante que el Parlamento Europeo haya estado tratando de posponer las obligaciones legales bajo la Política Pesquera Común (PPC). La cuestión más importante a debate es que toda la pesca de la UE se capture de manera sostenible para 2020. Seamos claros: este es el mismo Parlamento de la UE que adoptó este deber en 2013 cuando se reformó la PPC.

Recordemos que el pasado 14 de noviembre el Parlamento Europeo ignoró las recomendaciones científicas y, en cambio, se opuso a los objetivos básicos de la legislación pesquera de la UE. Los eurodiputados votaron un plan de gestión plurianual para el mar Adriático y optaron por mantener niveles de pesca insostenibles para la anchoa y la sardina, ambas especies con alto riesgo de colapso. Dichos planes están destinados a gestionar las existencias en un contexto regional en el marco de la PPC y ayudan a evitar la sobrepesca. El resultado de la votación fue criticado públicamente por el Comisario de la UE a cargo de la pesca, Karmenu Vella, quien posteriormente manifestó que dicha decisión «permite mantener la pesca excesiva actual en la región».

GSA = Subárea geográfica | Fuente: Comisión Europea

El 10 de enero, el Parlamento de la UE se reunirá nuevamente para votar sobre el primer plan plurianual para el Mar Mediterráneo occidental, donde el 80% de la pesca está sobreexplotada, con especies comercialmente importantes como la merluza mediterránea o el salmonete.

En un caso similar al Adriático, varios grupos políticos están tratando de retrasar sus obligaciones bajo la ley de la PPC más allá de 2020, algo que el Mediterráneo no puede permitir que suceda.

Aquellos que se oponen al plan para la región provienen del grupo del Partido Popular Europeo (PPE), que representa hasta el 25 por ciento de todos los votos en el Comité de Pesca, y cuyos miembros son conocidos por sus puntos de vista negativos hacia la sostenibilidad, privilegiando en su lugar los intereses económicos a corto plazo de la industria pesquera. Un escenario de «Business as usual», promovido activamente por el grupo del PPE y sus eurodiputados Gabriel Mato Adrover y Carlos Iturgaiz, no es la solución a la crisis de la pesca en el Mediterráneo. Sin embargo, otros grupos políticos, como el grupo de Europa de las Naciones y de las Libertades (ENL) a través de Rosa D’Amato, también están defendiendo abiertamente los intereses del sector pesquero italiano. Y los socialistas, el segundo grupo más numeroso en el Parlamento, encabezado por la eurodiputada Clara Aguilera García, guardan un silencio inaceptable sobre los intentos de socavar la PPC, dando así su consentimiento implícito.

Los peces son alimentos y un recurso público al que los pescadores tienen acceso gratuito. En el Mediterráneo, las pesquerías no se rigen según un sistema de cuotas, como en otros mares europeos. Con el régimen de esfuerzo existente establecido (o «días en el mar»), los pescadores capturan todo lo que pueden, lo que lleva al actual problema de sobrepesca.

Las pesquerías mediterráneas son un buen ejemplo de cómo la gestión inadecuada está causando una tragedia en el patrimonio común: perjudicando no solo a la vida marina sino también a nosotros mismos.

Las políticas miopes, impulsadas por eurodiputados que quieren ser reelegidos, actualmente hurtan la pesca a las futuras generaciones y, si esto continúa, la próxima generación nunca conocerá el sabor de la merluza, del rape o de la lubina del Mediterráneo.

Esperemos que el Parlamento Europeo demuestre su compromiso con la legislación de la UE y el cumplimiento de la próxima fecha límite de 2020 para detener la sobrepesca, por el bien del mar Mediterráneo y por el bien de la democracia en la Unión Europea.