Casi 100.000 presos en la Unión Europea (UE) tienen algo en común: están encerrados aunque no hay sentencia firme que les condene. Y es que, pese a las profundas consecuencias económicas, sociales y personales que supone la entrada en prisión, el uso de esta medida provisional en personas que siguen siendo inocentes ante la ley es muy elevado.

Más de uno de cada cinco presos en cárceles europeas estaban, a principios de 2021, en prisión provisional. O, lo que es lo mismo, 22 de cada 100.000 habitantes en la Unión Europea (UE) estaban privados de libertad sin sentencia firme que les condenara.

Son decisiones provisionales, pero a veces irreversibles. Danijoy Pontes murió el 15 de septiembre de 2021 en una prisión de Lisboa mientras esperaba la respuesta a dos apelaciones: una presentada por el fiscal y otra por la defensa. Ambas tenían el mismo objetivo: reducir su sentencia a cinco años y dejarle cumplirla en casa. Había sido condenado por robo y no tenía antecedentes.

Pero las consecuencias de estar en prisión permanecen tras ser liberados: “Es mucho más fácil para la gente considerarte culpable que inocente. Por eso al principio encontrar una pareja o un trabajo fue muy difícil”. Quien habla es Sándor Schönstein, acusado cuando tenía 28 años de asesinar a su madre. Tras una primera condena, entró en prisión provisional y estuvo ahí casi dos años a la espera de que se resolviera su recurso, que finalmente le absolvió. Poco después encontraron al verdadero culpable.

Para Laure Baudrihaye-Gérard, de la organización Fair Trials y experta en este tema, el uso de la prisión provisional es abusivo y crece empujado por el populismo.

En Francia hay casi 18.000 presos sin condena firme; casi 17.000 en Italia. Y en algunos países el porcentaje sobre la población reclusa es abrumador, como es el caso de Países Bajos: casi la mitad de las personas en sus cárceles está en prisión provisional. La gran mayoría no ha llegado ni a juicio.

En España el porcentaje es mucho más bajo: un 15,6%, 8.614 de 55.110 personas encarceladas. “Mi experiencia es que en España se abusa de la prisión provisional, pero solo en determinados ámbitos, concretamente en la Audiencia Nacional y también en casos mediáticos que se sigan en otros juzgados”, explica José María de Pablo, abogado penalista, que añade que a veces “da la impresión de que se utiliza como medio de coacción para que el investigado colabore con la justicia”. Ese supuesto, claro, no está entre los que permiten encarcelar a alguien sin juicio. Al menos no sobre el papel.

Frente a quienes acaban en la cárcel tras largos procesos judiciales, con más tiempo para prepararse mentalmente, la prisión provisional es, en muchos casos, un golpe repentino. “Como ser tragado por una bestia monstruosa”, ilustra Charles, un americano que vive en una cueva en Barcelona y que pasó 185 días en la cárcel sin juicio por, según la policía, intentar prender fuego a un contenedor. Le pillaron escarbando dentro.

Viviana Verástegui, por su parte, admite que lo único que sabía de las prisiones era lo que había visto en series y películas: monos naranjas y duchas. “Lo único que hacía era llorar, no entendía nada”, recuerda. Le acusaron de traer drogas desde Perú en avión, pero ella asegura que una conocida le engañó. Acabó absuelta. Pero, antes, pasó un año en provisional. Ahora, con tratamiento, aún se horroriza cuando el gato maúlla porque le recuerda a la sirena de la prisión.

Decisiones judiciales en minutos

Pese a las profundas consecuencias de la decisión de enviar a alguien a prisión provisional, muchas veces el juez no tiene suficiente información ni tiempo para evaluar a fondo cada caso. “La mayoría de estas vistas suceden literalmente en minutos”, cuenta Baudrihaye. La mayoría de las personas expertas entrevistadas para este reportaje coinciden en algo: en ocasiones, son decisiones casi automáticas, sin evaluación individual.

Los países de la Unión Europea tienen reglas muy similares para enviar a alguien a prisión provisional. La primera tiene que ver con que haya suficiente evidencia en su contra y que sean crímenes graves, no pequeñas ofensas: en España, por ejemplo, solo se puede aplicar si el delito supone penas de dos años o más, excepto en reincidentes, organizaciones criminales o violencia machista.

Una vez superado ese primer nivel es imprescindible que se dé al menos una de estas tres causas: riesgo de destrucción de pruebas o influenciar a testigos o víctimas; de que se repita o se cometan otros crímenes; o de que la persona escape. Este último, de hecho, es el más habitual en la mayoría de países.

Riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reincidencia

Lara Wolf es una abogada alemana que publicó una investigación sobre la causa de riesgo de fuga. Cree que una de las razones de los altos niveles de prisión provisional es la presión popular: para los jueces, “el esfuerzo de justificar soltar a alguien es mayor” que el de enviarle a prisión. Según su estudio, el 92% de la gente en provisional por riesgo de fuga “no hubiera escapado en absoluto”. Además, cree que este supuesto es discriminatorio, ya que se ceba en personas extranjeras y sin hogar, dando por hecho en ambos casos que no hay arraigo. Y que en demasiadas ocasiones se decide “solo sobre la base de sentimiento y prejuicios”. Este supuesto se usó con Charles, americano en Barcelona. Con Danijoy Pontes, nacido en São Tomé e Príncipe, aunque llevaba en Portugal desde los 15 años. Y con Viviana Verástegui, nacida en Perú, aunque tenía nacionalidad española desde hacía años y aportó una carta de su jefa.

Otra de las causas que pueden justificar enviar a alguien a prisión provisional es el temor de que repita el crimen o cometa otros. En algunos países, este punto adquiere matices distintos. Es el caso de Italia, donde hablan de peligro social; Bélgica, con riesgo serio de seguridad; o Portugal, donde hablan de grave perturbación del orden y la tranquilidad pública. El problema es que la línea entre estas expresiones y que la mano del juez se mueva por la presión de las masas en casos mediáticos es muy fina. Y que, aunque no esté incluida de forma específica en la ley, a veces esa presión mediática puede empujar las decisiones judiciales.

Una regla común, establecida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, es que si se usa la prisión preventiva, la persona tiene derecho a “ser juzgada en un plazo razonable o ser puesta en libertad”. El problema es que esos plazos a veces no son nada razonables. Con diferentes sistemas de revisiones, prórrogas y controles, y variaciones según el tiempo de delito, los tiempos máximos que una persona puede pasar en prisión provisional son de seis meses en Alemania, un año en Italia, pasando por 18 meses en Grecia y Bulgaria, tres años en Croacia y cuatro en Hungría, España y Francia.

Vanessa Michel es experta legal en una organización especializada en estos temas (SLAJ-V) en Bruselas. Así describe la entrada en prisión, a veces súbita: “Entras en un universo paralelo donde el tiempo permanece quieto. El tiempo para y todo se pones patas arriba”. Para ella, la prisión provisional es un “tiempo muerto”: en la mayoría de casos, mientras estás en prisión provisional, no hay ni planes de integración, ni tareas con las que ocupar el tiempo, ni atención psicológica o psiquiátrica. 23 horas al día en la celda y probablemente con comunicaciones mínimas o directamente cortadas al exterior. A eso, súmale la incertidumbre. “Los presos preventivos son los últimos en la cadena alimentaria, por decirlo de forma clara”, añade Christine Morgenster, profesora en la Universidad Libre de Berlín.

De 20 a 75 euros por día sin libertad

La mayoría de países europeos establecen compensaciones para quienes finalmente son absueltos, aunque suelen ser difíciles de reclamar y lentas y, como se quejan muchas de las personas entrevistadas, en casi ningún lugar de la UE hay baremos claros sobre cuánto se debe pagar en cada caso. Con excepciones, como los 75 euros al día de Alemania, si se cumplen muchos requisitos, o entre 20 y 50 en Grecia, por ejemplo.

A Viviana Verástegui la compensaron con 2.000 euros por su año de prisión provisional. Cuenta que no cubre ni de lejos las deudas acumuladas aún a día de hoy para poder pagar el alquiler, préstamos pendientes (que llegaron a acumular 21.000 euros durante ese tiempo) y otros gastos. Y a esto súmale la pérdida de sueldo durante su tiempo en provisional. Aun a día de hoy tiene la nómina embargada. Sandor Schönstein, por su parte, recibió 32.000 por casi dos años en una prisión húngara. “No es de ninguna manera suficiente para compensar el daño, no cubre ni siquiera los costes del procedimiento”, dice. Y luego están los otros costes, los personales.

Aunque la prisión provisional debería ser el último recurso, dando prioridad a otras medidas menos radicales como las tobilleras electrónicas o presentarse en prisión cada tanto, las cifras muestran que no es así. Baudrihaye culpa a parte de la clase política de difundir “representaciones sociales de qué es estar encarcelado que están completamente desconectadas de la realidad y niegan la brutalidad de la detención”. O, traducido, el clásico comentario ignorante que suena tal que así: “Bueno, no es para tanto. Si tienen comida. Y hasta tele”. Y cree que el populismo creciente hace muy difícil que los políticos frenen el abuso de la prisión provisional o, al menos, mejoren las condiciones de estas personas: “No va a darles votos”.

Metodología

Este reportaje forma parte de una investigación de EDJNET en la que han sumado fuerzas periodistas de nueve países. Por parte del equipo de Civio, en España: Eva Belmonte, Carmen Torrecillas, David Cabo, María Álvarez del Vayo, Miguel Ángel Gavilanes y Ángela Bernardo. Además, han participado: María Zuil, de El Confidencial (España); Kira Schacht, de Deutsche Welle (Alemania); László Arató, de Eurologus (Hungría); Beatriz Walviesse, de Divergente (Portugal); y Adrián Burtin, de VoxEurop (Bélgica y Francia). Además, Dijana Pribačić Jurić, de H-Alter (Croacia); Mihaela Iordache, de OBCT (Romania); y Francesco Martino, de OBCT (Bulgaria), colaboraron en la comparativa de leyes de sus respectivos países.

Las personas que aparecen en esta investigación sin apellidos lo hacen así a petición propia.

Hemos extraído los datos de las tablas 8 y 24 del informe SPACE I 2021 del Consejo de Europa. A partir del número de presos totales y en preventiva, y de los suicidios totales y entre preventivos, hemos podido calcular las distintas tasas por 10,000 presos. Añadimos también las tasas nacionales de suicidios, extraídas de Eurostat , para aportar contexto. Puedes descargar los datos aquí .

Usamos la categoría “not serving a final sentence” porque en la mayoría de países europeos el status legal es el mismo y muchos no desglosan en sus datos entre las diferentes categorías. Así, se incluyen tanto quienes no han pasado por ningún juicio (la mayoría) y los que han apelado su primera condena y están a la espera de resolución, entre otros supuestos.

Del gráfico hemos eliminado los países que tienen menos de 1.000 presos. Aunque también nombramos en el texto otras maneras de poner en contexto los datos absolutos de personas en prisión provisional, visualizamos el porcentaje sobre el total de la población penitenciaria al parecernos una cifra más manejable y entendible en una pieza periodística. Somos conscientes, tras un debate interno, que ese porcentaje puede depender de otros factores, como la duración de las sentencias de los sí condenados, que haya más o menos en total… Pero la claridad y simpleza de la cifra nos parece más apropiada en un artículo periodístico.

La visualización se ha hecho con Observable y D3.js.