Los Estados miembros han interpuesto 880 sanciones desde que la norma comenzó a aplicarse, en mayo de 2018, pero la batalla contra las grandes tecnológicas acaba de estallar. Si la UE no quiere perderla, tendrá que lograr la implicación, traducida en inversión y cooperación, de todos sus miembros.
Los vetos en muchos países europeos llevan a miles de personas al extranjero para acceder a las técnicas de reproducción asistida. En algunos casos, se ven obligadas a hipotecarse para poder costear los tratamientos.
La situación es mucho más difícil para personas trans e intersex. Además de la barrera legal, el escollo puede ser también económico: la mayoría de los sistemas públicos de salud cubre solo una parte, tienen listas de espera muy largas o criterios estrictos de acceso.
Nacionalizar empresas ha dejado de ser un tema tabú en la Unión Europea. Tras las privatizaciones de los años noventa y principios de siglo, la crisis económica de 2008 devolvió el protagonismo a la propiedad estatal, y ahora el coronavirus ha abierto la puerta de las principales empresas europeas al capital público. Pero en el nuevo amanecer de las compañías estatales, países como España se descuelgan de las potencias de la Unión.
En principio, el periodo 2020-2021 en Europa iba a marcar un hito en la lucha contra los residuos plásticos, uno de los problemas más urgentes de nuestro siglo, pero la llegada del nuevo coronavirus con sus mascarillas, guantes y embalajes anticontagio amenaza con hacernos dar un paso atrás.
La regulación del Parlamento Europeo tiene un fuerte carácter voluntario. Frente al 90% de los eurodiputados suecos, daneses o finlandeses que informan de algún encuentro con grupos de interés, solo uno de cada diez parlamentarios griegos, polacos y búlgaros lo hacen.
Los encuentros con decenas de asistentes y miles de funcionarios europeos quedan por debajo del radar del registro de transparencia de la UE. La patronal de la industria farmacéutica EFPIA es uno de los lobistas más activos; en menos de año y medio desde el inicio de la pandemia han tenido tantas reuniones con altos cargos de la Comisión como en los cinco años anteriores.
En España, como en algunos países de la Unión Europea, el consumo de ansiolíticos y antidepresivos sigue creciendo. Tanto, que la Junta Internacional de fiscalización de estupefacientes señala a España como el país del mundo con mayor consumo legal de benzodiacepinas. La falta de acceso a tratamiento psicológico no ayuda a que la situación mejore.
Varias entidades financieras de países europeos han suministrado grandes cantidades de dinero a empresas productoras de aceite de palma responsables de los incendios ilegales y posiblemente de la deforestación en Indonesia.
España mantiene abiertos 91 hospitales dedicados a la salud mental y varios de ellos, situados en las regiones más ricas, cuentan todavía con un número muy elevado de camas, pese a que una ley de 1986 prevé su cierre. Además, la falta de profesionales y de recursos lastra la atención de los trastornos mentales graves.
