Los tribunales griegos abusan de la prisión preventiva
Con una gran cantidad de reclusos y unos tiempos de detención muy superiores a las medias europeas, el sistema judicial griego aplica la prisión preventiva de manera desmesurada.
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- De media, el 30 % de los reclusos de las cárceles griegas entre 2010 y 2020 estaba en prisión preventiva. En 2015 representaban el 23 % y en 2013 el 35 %. En 2021, uno de cada cuatro presos griegos estaba en prisión preventiva.
- En Grecia, la detención provisional puede exigirse en delitos en los que hay serias indicaciones de culpabilidad, para evitar que se produzcan nuevos crímenes o que el acusado huya. Sin embargo, considerar la culpabilidad del acusado antes del juicio podría predisponer a los jueces, que ven quién llega al juicio como una persona libre o en libertad condicional, o quién llega como un preso temporal.
- En 2021, la mayor parte de los reclusos en prisión preventiva (65,4 %) eran migrantes, en parte debido a que los jueces suelen aplicar un enfoque discriminatorio hacia ellos. De hecho, muchas veces los jueces condenan a los migrantes o a ciertos grupos (como drogadictos o traficantes) a detención preventiva, ya que supuestamente presentan un riesgo mayor de fuga.
- La duración media de las detenciones preventivas en Grecia —13,2 meses— es mucho mayor que la media europea —4,5 meses— según el Consejo de Europa. Entre los países de la UE con datos disponibles, Grecia encabeza la lista, seguido de Portugal, con un periodo medio de 11,3 meses, y de Italia con 7,6 meses. El país europeo (aunque no miembro de la UE) que supera a Grecia es Serbia, con una duración media de 17,9 meses.
- Abusar de la prisión preventiva repercute claramente en la ya problemática superpoblación crónica de las cárceles del país. Pese a la crisis de covid-19, la población total de las cárceles griegas aumentó un 3,6 % en 2021, comparado con el año anterior. El nivel de ocupación superó el 111 % (111,4 reclusos por cada 100 puestos), los peores datos de la UE únicamente superados por Rumanía.
- En mayo de 2012, la policía griega hizo redadas contra mujeres seropositivas en el centro de Atenas aduciendo razones sanitarias y de seguridad pública, en lo que se trataba claramente de una operación política previa a las elecciones que se celebrarían ese mismo año. Cientos de mujeres fueron arrestadas y forzadas a hacerse las pruebas del VIH, y 27 fueron detenidas por delitos de lesiones corporales por contagiar el virus intencionadamente (pese a que estas mujeres no sabían que eran seropositivas), y fueron humilladas al publicar sus datos y fotografías. En los años siguientes todas fueron absueltas, pero muchas pasaron hasta 11 meses en prisión. Una mujer se suicidó tras su absolución, y otras seis murieron debido a las dificultades, a su precario estado de salud y a la falta de un entorno de apoyo. Algunas mujeres presentaron demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por violaciones del Artículo 3, por someterlas a tratos inhumanos y degradantes, por privarlas ilegalmente de su libertad, por las condiciones de la detención, por forzarlas a hacerse la prueba del VIH; así como violaciones del Artículo 8, por la humillación y la invasión de la vida privada y familiar. El TEDH aún no ha pronunciado su sentencia.
