Los derechos de 3,5 millones de ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido y 1,2 millones de ciudadanos británicos que viven en los países de la UE es uno de los temas clave de las negociaciones del Brexit que deben abordarse en el acuerdo de retirada que establecerá las reglas básicas para la vida después de Brexit.

El Reino Unido y la UE han publicado una serie de documentos, en los que se esboza su posición sobre los principales debates de las negociaciones del Brexit. Ambas partes están de acuerdo, sin embargo, en que cualquier acuerdo sobre la futura situación jurídica y los derechos de los ciudadanos debe ser recíproco. No obstante, el principal negociador de la UE, Michel Barnier, advirtió después de la segunda ronda de negociaciones que siguen habiendo «divergencias fundamentales» en la cuestión de los derechos de los ciudadanos.

Grupos de voluntarios, que abogan por la defensa de los ciudadanos de la UE y del Reino Unido, están presionando por un acuerdo estrecho y rápido entre la UE y el Reino Unido, para que puedan seguir viviendo con seguridad. «Necesitamos garantías reales para nuestra gente que vive, trabaja y estudia en el Reino Unido, y lo mismo ocurre con los británicos», dijo Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo.

Este asunto concierne a un gran número de personas, con unos 1,2 millones de nacionales británicos que viven en países de la UE y 3,5 millones de ciudadanos de la UE en el Reino Unido.

Posición de la UE: Garantía de por vida de los derechos de los ciudadanos de la UE-27 que residen en el Reino Unido cuando el acuerdo de retirada entre en vigor, y de los ciudadanos británicos que residen en uno de los países de la UE-27. Esto también se aplica a sus familiares actuales y futuros, que ya se han unido a ellos, o se unirán a ellos, independientemente de su nacionalidad.

Posición del Reino Unido: los ciudadanos de la UE que han estado viviendo en el Reino Unido durante cinco años deben recibir un nuevo «estatus establecido» en un proceso simplificado. Las personas que han residido legalmente en el Reino Unido por menos de cinco años en el momento de Brexit tendrá que solicitar un estatus temporal para permanecer en el Reino Unido.

Derechos de los ciudadanos

Libre circulación: La UE sostiene que los ciudadanos británicos sólo deberían tener derechos protegidos en el Estado en el que tienen derechos de residencia en el día de culminación del Brexit. Mientras tanto, el Reino Unido dice que, después del Brexit, la libre circulación terminará, pero la migración entre el Reino Unido y la UE continuará.

Residencia: El Reino Unido eliminaría el requisito de tener un «seguro de enfermedad integral» para los trabajadores por cuenta propia para conseguir la residencia y el estatus establecido, y racionalizaría el proceso de solicitud.

Derecho a la igualdad de trato: Sobre la base del principio de no discriminación por razón de la nacionalidad, este derecho debe ser reconocido tanto por la UE como por el Reino Unido.

Derecho al trabajo: Aquellos con «status establecido» deben tener acceso al empleo en el Reino Unido.

Derecho a estudiar: Aquellos con «status establecido» deben tener acceso a la educación en el Reino Unido. Gran Bretaña dice que los actuales estudiantes de la UE-27 seguirán teniendo acceso a préstamos, y a los que soliciten un curso hasta 2018/19 se les permitirá permanecer para terminar sus estudios. Las calificaciones obtenidas antes de la salida del Reino Unido seguirán siendo reconocidas. Sin embargo, no está claro qué sucederá con los estudiantes una vez que hayan terminado sus estudios.

Salud: Aquellos con estatus establecido deben tener acceso a tratamiento sanitario en el Reino Unido, mantiene el Gobierno británico.

Beneficios: El Reino Unido permitiría a los nacionales de la UE enviar pagos de asistencia social a los miembros de la familia que residen en otro lugar.

Pensiones: El Reino Unido se comprometió a indexar las pensiones de los ciudadanos de la UE y seguir pagando pensiones a los ciudadanos británicos que viven en la UE-27, pero ya no estará garantizado por la legislación de la UE.

Derechos de voto: El Reino Unido propone que el derecho a votar en las elecciones locales en el país de residencia permanezca, pero no menciona en su propuesta si los ciudadanos de la UE con «estatus establecido» podrán votar en las elecciones locales en el Reino Unido. La UE se opone porque este derecho se deriva del derecho de la UE y de los derechos de ciudadanía.

Reuniones familiares: La UE quiere que los ciudadanos tengan un amplio derecho a traer a sus familiares actuales y futuros al Reino Unido (aunque no sean ciudadanos de la UE). Londres dice, sin embargo, que los ciudadanos de la UE que se casen después de la fecha de Brexit perderán su derecho de traer miembros de la familia al Reino Unido a menos que pasen una prueba de la renta mínima, que se requiere de los ciudadanos británicos que quieren traer a miembros familiares de fuera de la UE. Los miembros de la familia que se reagrupen con un ciudadano de la UE «cualificado» en el Reino Unido antes de que Brexit podrán solicitar el «status establecido» después de cinco años, señala el documento sobre la posición del Reino Unido.

Derecho a salir y regresar: Londres dice que los ciudadanos de la UE con el estatus establecido en el Reino Unido se arriesgan a perderlo si abandonan Gran Bretaña por más de dos años. La UE parece estar de acuerdo con esta posición con respecto a los ciudadanos del Reino Unido en los países de la UE-27.

Estatus legal

Posición del Reino Unido: Todos los ciudadanos de la UE que residan legalmente en el Reino Unido durante al menos cinco años podrán solicitar el «estatus establecido» y ser capaces de traer a sus cónyuges e hijos. El estatus establecido debe permitirles ser tratados como ciudadanos británicos con respecto a la residencia, lo que les da derecho a la educación, la asistencia sanitaria, los beneficios y las pensiones – la reunión familiar no está incluida, sin embargo.

Las personas que hayan obtenido el estatus de residente permanente en el Reino Unido tendrán que aplicar de nuevo. Además, los nacionales de la UE tendrán que poseer un documento de identidad que acredite su «estatus establecido». Aquellos que hayan residido legalmente en el Reino Unido por menos de cinco años en el momento del Brexit tendrán que solicitar un estatus temporal para permanecer en el Reino Unido. Los tribunales del Reino Unido resolverán cualquier disputa sobre quién está calificado para pedir un «estatus establecido».

La posición de la UE: Una garantía incondicional a lo largo de toda la vida bajo la ley de la UE para los derechos que actualmente disfrutan los que están en el Reino Unido y sus familiares. Esto significaría continuar con los derechos de residencia, trabajo, establecimiento de una empresa, acceso a la asistencia sanitaria, seguridad social y pensiones.

Fecha de corte

También hay una disputa sobre cuándo los ciudadanos de la UE deberán estar en el Reino Unido para optar al estatus establecido.

Posición del Reino Unido: Entre el 29 de marzo de 2017 (cuando se inició el procedimiento de salida del artículo 50) y dos años después en el día del Brexit. Todos los nacionales de la UE en el Reino Unido antes de esa fecha podrán acumular cinco años de tiempo de residencia, lo que es necesario para solicitar el «estatus establecido». Aquellos que lleguen después de la fecha de corte pueden permanecer por un «período temporal», pero no se garantizará «estatus establecido».

La posición de la UE considera que la fecha límite es la fecha del Brexit – 29 de marzo de 2017.

TJCE y garantías de derechos

La posición del Reino Unido: Los derechos consagrados en la ley del Reino Unido serán aplicables en el sistema legal británico. Los tribunales del Reino Unido proporcionarán garantías legales a los ciudadanos de la UE, y el Gobierno está dispuesto a comprometerse sobre ello en el acuerdo de divorcio con la UE. El acuerdo final de divorcio tendrá valor legal en el derecho internacional. El Tribunal Europeo de Justicia (TJCE) no tendrá jurisdicción en el Reino Unido, pero Londres ha demostrado su voluntad de discutir la creación de un nuevo órgano de arbitraje.

La posición de la UE: La Comisión Europea debería poder controlar los derechos, y el TJCE debería tener plena jurisdicción por tiempo indefinido para proteger estos derechos.

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