Hace casi un año escribimos sobre cómo los bancos europeos seguían invirtiendo en la industria mundial del carbón, a pesar de las regulaciones establecidas en sus propios códigos de conducta y del inminente Pacto Verde propuesto por la Comisión Europea. En octubre de 2020, el Parlamento Europeo adoptó la «Ley Europea del Clima», un mandato de negociación destinado a ayudar a alcanzar los objetivos establecidos en el Pacto Verde, a saber, la neutralidad climática de la UE para 2050. Si los órganos legislativos europeos lo aprueban, la Ley del Clima obligará a los Estados miembros a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % —en relación con los niveles de 1990— para 2030.

Debido a la llegada de la COVID-19 y las consiguientes crisis económicas, el Pacto Verde también se ha convertido en un elemento central tanto para el plan «NextGenerationEU» —instrumento temporal concebido en mayo por la Comisión Europea para impulsar la recuperación económica—, como para el presupuesto de la UE para 2021 – 2027, ambos aprobados en las últimas semanas. El NextGenerationEU asignará el 30 % del gasto a la lucha contra el cambio climático, mientras que el presupuesto europeo destinará un 25 % durante los próximos siete años.

¿Demasiado bueno para ser cierto?

A pesar de las buenas intenciones, todos los instrumentos proporcionados por los planes de implementación del Pacto Verde se enfrentan a una serie de obstáculos establecidos por los sectores público y privado, especialmente en lo que respecta a los subsidios asignados por los Estados miembros a la industria del carbón. Según Investigate Europe, estas subvenciones ascienden a unos 137 000 millones de euros al año.

Aunque la transición energética ya ha sido difícil de implementar en Europa, el verdadero desafío se presenta a la hora de exportar el modelo europeo al resto del mundo. A fin de cuentas, la UE produce solo el 10 % de las emisiones globales, pero aun así, un plan de políticas enfocadas al combate contra el cambio climático a nivel mundial siempre es bien recibido. Como consecuencia, la idea de crear un “Banco Europeo de Clima y Desarrollo Sostenible” resulta más interesante ahora de lo que nunca antes lo ha sido. Esta institución financiera sustituiría y consolidaría todo el «trabajo verde» del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD).

En los últimos años, el BEI y el BERD han invertido grandes sumas de dinero en la industria de las energías renovables, pero también han continuado financiando la industria de los combustibles fósiles. En noviembre de 2019, el BEI anunció que en 2021 abandonaría esta financiación, mientras que el BERD aún no ha tomado ninguna iniciativa.

Los bancos privados siguen teniendo un rol importante

Si bien las instituciones europeas y los bancos públicos de inversión podrían establecer políticas para desincentivar la industria fósil, la última palabra la sigue teniendo del sistema privado. Es aquí donde el sector bancario podría desempeñar un papel concreto en la lucha contra el cambio climático a nivel mundial.

El informe anual que recoge el período de 2016 – 2019 publicado por Rainforest Action Network, una ONG que supervisa las principales inversiones bancarias internacionales en la industria de combustibles fósiles, muestra que 17 de los 35 mayores inversores en la industria mundial de combustibles fósiles son europeos. En 2019, la inversión bancaria europea en todos los sectores de la industria de los combustibles fósiles creció un 4 % en comparación a 2018 (más de 197 000 millones de euros en un solo año) y un 7,7 % comparado a 2016 (lo que representaría alrededor de 760 000 millones de euros).

Los datos sobre el crecimiento de la industria de los combustibles fósiles son aún más preocupantes: la financiación de proyectos en fase de desarrollo o de planificación creció un 13,7 % durante este período de cuatro años y un 47,4 % entre 2018 y 2019. Todos los sectores de la industria de los combustibles fósiles, a excepción de la fracturación hidráulica, recibieron más fondos de los bancos europeos en 2019 que en 2018. Más específicamente, la financiación de plataformas petrolíferas y la extracción de petróleo y de gas en el Ártico crecieron un 131,3 % y un 48,5 % respectivamente.

Los bancos que se desempeñan peor en total son el británico Barclays (casi 40 mil millones invertidos en 2019, un 11,4 % más que en 2018) y HSBC (26 500 millones, un 33,8 % más), y el francés BNP Paribas, que encabeza la lista de aumentos de fondos en 2019 con más de 30 000 millones invertidos, un 72,3 % más que en 2018.

Evaluación de los esfuerzos de los bancos

A pesar de los esfuerzos por parte de las instituciones europeas, es evidente que el sector público ha hecho muy poco para controlar las actividades de los bancos privados. Al fin y al cabo, son estos últimos quienes tienen que autoimponer regulaciones que fomenten la transición energética. Es un paso decisivo que muchos ya están tomando. La Rainforest Action Network ha representado mediante gráficos los sectores de combustibles fósiles que reciben la mayor cantidad de financiación de los bancos europeos. Los resultados incluyen restricciones autoimpuestas a la financiación directa de proyectos y/o limitación de la financiación para las empresas que contribuyen al crecimiento de la industria de los combustibles fósiles, y también compromisos para eliminar gradualmente dicha financiación y/o excluir a las empresas cuyas actividades superen un cierto nivel.

Sin embargo, esto no significa que aquellos que aparentan estar teniendo un mejor rendimiento en política interior estén tomando las medidas adecuadas. Por ejemplo, en el caso de la extracción de carbón, el Crédit Agricole francés recibió 27 puntos de política de un total 32. Sin embargo, entre 2016 y 2019 aumentó su financiación en este sector en un 376 %, después de anunciar, en 2015, que interrumpiría por completo la financiación de esta industria. Como muestra claramente el gráfico, la misma contradicción caracteriza a otras instituciones bancarias.