Los bancos europeos y otras instituciones financieras (aseguradoras, fondos de pensiones y gestoras de activos) se han visto involucrados en deforestaciones ilegales para la producción de aceite de palma en Indonesia. Estas decisiones podrían haber sido una de las causas de la destrucción de los bosques y de las emisiones de carbono adicionales, impulsando el calentamiento global.

Sin saberlo, ciudadanos de toda Europa han contribuido a esta situación, porque las entidades financieras han convertido sus depósitos bancarios y ahorros para pensiones en dinero para empresas que ponen en riesgo los bosques.

Durante los últimos siete años, establecimientos financeros en la UE, Reino Unido, Suiza, Noruega y Andorra han dirigido cuantiosos fondos a productores de aceite de palma que consiguen la materia prima de plantaciones donde la vegetación se ha quemado varias veces, en violación con la legislación indonesia. El área total afectada por los incendios desde 2015 a 2019 equivale a 112.687 hectáreas (es decir, un terreno 10 veces mayor que el centro de París).

El mercado europeo importa un gran volumen de aceite de palma procedente de Indonesia, fundamentalmente para transformarlo en biodiesel y reemplazar los combustibles fósiles en el sector del transporte. También se considera un ingrediente esencial en la industria alimentaria y se utiliza en químicos de uso diario como detergentes, champús y cosméticos. Así, el sector del aceite de palma es un negocio rentable para acreedores e inversores.

Gracias a la combinación de los datos divulgados por la Coalición Forests & Finance y Greenpeace, nuestra investigación ha vinculado instituciones concretas con grupos productores de aceite de palma. La coalición analizó los registros de los flujos financieros a partir de su base de datos . Greenpeace mencionó las cifras de sus informes de 2019  y 2020 , que sacaron a la luz los incendios observados en las concesiones agrarias que suministran el fruto de la palma a fábricas y refinerías. Muy pocos incendios fueron objeto de sanciones judiciales. De todos los ocurridos entre 2015 y 2019 en concesiones relacionadas con grupos productores de aceite de palma subvencionados por financiadores europeos, solo se sancionaron 15. Únicamente en 2019 se registraron 17.750 incendios. 

La mayor parte de la financiación proviene de créditos (préstamos y servicios de suscripción) efectuados por bancos, que ascendieron a 2180 millones de dólares (1.800 millones de euros) entre 2013 y 2019. También se obtuvo financiación adicional en forma de inversiones (en bonos y acciones) procedentes de inversores institucionales, como gestores de activos (incluyendo la sección de gestión de activos de los bancos), aseguradoras y fondos de pensiones. Numerosos créditos e inversiones han permitido la financiación de grupos productores de aceite de palma. 

Alrededor del 70% de las entidades de financiación implicadas (a través de créditos e inversiones) en los grupos productores de aceite de palma responsables de los incendios están localizados en los Países Bajos, Suiza, Reino Unido, Alemania y Francia. Todos los bancos que suministran los créditos se ubican en estos países. Sus préstamos y suscripciones han contribuido a la organización de las operaciones de los productores de aceite de palma vinculados con más del 57% de terreno deforestado, con un gasto medio de 33,7 millones de dólares (27,8 millones de euros) por hectárea.

En lo relativo a las inversiones, Noruega se sitúa entre los cinco primeros países que más aportan, en lugar de Francia.  Desde 2020, los activos de los inversores, de un valor de 84 millones de dólares (69 millones de euros), aún podían encontrarse en grupos productores de aceite de palma responsables de alrededor del 46% del área total de incendios. Los diez primeros (procedentes esencialmente del Reino Unido y los Países Bajos) poseen casi el 70% de todas las acciones y bonos, con un total medio por hectárea de 5.791 millones de dólares (4786 millones de euros), 9 veces más que el valor medio del resto de instituciones.

Esta correlación no significa que los acreedores e inversores financiasen actividades ilícitas a propósito, ni que los productores de aceite de palma que recibieron el dinero sean necesariamente los autores de todos los incendios o que estos siempre tengan como resultado la deforestación. «Las sociedades concesionarias, en su mayoría propiedad de los productores de aceite de palma, son los responsables legales de todos los incendios que ocurran en sus propiedades, incluyendo en algunos casos los incendios originados fuera de los límites de la finca», puntualiza Edwin Keizer, coordinador de investigación en Greenpeace sudeste de Asia. «Además de usar el fuego como una herramienta de deforestación, los incendios también son fruto de conflictos territoriales entre las comunidades rurales vecinas y las empresas».

Los cambios recientes en la legislación nacional  han reducido la responsabilidad de las empresas, dificultando aún más que los investigadores encuentren a los autores de los incendios dentro y fuera de las concesiones. Aunque es una práctica prohibida por el gobierno, el fuego es un instrumento barato de gestión del territorio, a menudo utilizado no solo para librarse de los residuos forestales ocasionados por la deforestación, sino también para eliminar la hierba y los matorrales que obstaculizan la administración de la plantación y la cosecha. Las quemas causan un deterioro grave y un impacto irreversible en turberas. Se puede llegar a perder el bosque», afirma Keizer, «las vidas de las poblaciones locales y en los agroecosistemas de los que depende su supervivencia también se ven afectadas ». «La expansión de las plantaciones de aceite de palma en paisajes forestales intactos contribuye al aumento de temperatura y a las sequías, factores que desempeñan un papel en el aumento de la mortalidad arbórea e incremento de la inflamabilidad forestal». 

A pesar de la compleja realidad en el terreno, no cabe duda de que una gran proporción de los ahorros financieros corporativos y privados europeos han terminado en actividades no controladas que generan un impacto destructivo e ilícito. Las declaraciones que recibimos de las entidades financieras sugieren que, a falta de requisitos de diligencia debida medioambiental legalmente vinculantes, se suelen guiar por directrices independientes voluntarias o creadas por ellos mismos. Estos estándares no son lo suficientemente estrictos como para evitar la financiación de los productores de aceite de palma asociados con concesiones irrespetuosas con el medio ambiente.

Desde 2019, los créditos otorgados a grupos productores de aceite de palma que registran incendios en sus concesiones parece que han disminuido. Sin embargo, algunos bancos siguieron teniendo acciones o bonos en estos grupos en nombre de sus clientes. «De acuerdo con nuestra política forestal y agroindustrial , no establecemos relaciones comerciales con productores de aceite de palma que no se comprometen a afiliarse a la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO) y que no están trabajando para obtener la correspondiente certificación», se menciona en un correo electrónico que recibimos de Credit Suisse, institución que está vinculada con la segunda área más grande de incendios entre todos los inversores. 

De hecho, todos los productores de aceite de palma relacionados con los incendios y financiados por el banco suizo son miembros de la RSPO. Está claro que la organización, pese a haber fijado el objetivo de cero deforestación para 2020, no garantiza aún un 100% de producción de aceite de palma sin incendios de por medio. «En lo relativo a la tenencia de bonos o acciones donde nuestros clientes son los beneficiarios activos, Credit Suisse no tiene derecho a influenciar sus decisiones financieras, a menos que estas estén prohibidas o restringidas por la legislación aplicable», explica Yannick Orto, responsable de comunicación del banco.

Todos los bancos de los que recibimos respuesta afirmaron que, cuando actúan como gestor de activos, no se hacen responsables de las decisiones de inversión de sus clientes. Se negaron a hablar sobre su implicación directa mediante crédito en el pasado.

«Si un banco ofrece un préstamo a una empresa que presenció incendios en su concesión durante el año anterior, aunque no esté financiando la quema, está llevando a cabo una mala diligencia debida, porque está dando más dinero a una compañía que actuó mal», sostiene Merel van der Mark, coordinador de la Coalición Forests & Finance. «Asimismo, ya sea una decisión de financiación independiente (mediante crédito) o basada en los deseos de sus clientes (mediante inversiones), los bancos son básicamente los que proporcionan el dinero, y por lo tanto los que están detrás de estas decisiones.»

A excepción de dos, ninguna otra entidad financiera que no fuese un banco nos respondió. En el 2020, la aseguradora británica Aviva invirtió en la productora de aceite de palma Astra International (perteneciente al grupo Jardine Matheson). Esta empresa, que se dedica a producir aceite de palma a través de su filial Astra Agro Lestari, atrajo un número mayor de acreedores e inversores europeos que cualquier otro productor de este aceite. «Efectuamos una evaluación eficiente de todos nuestros activos según los estándares ESG (medioambientales, sociales y de gobierno), y Astra posee una calificación MSCI ESG «A», afirma su portavoz, Steve Ainger. No obstante, según el perfil ESG  de Astra International, realizado por la empresa calificadora Refinitiv (competidora de MSCI), su calificación más reciente del pilar medioambiental (2019) es en realidad muy baja, correspondiendo a una «D» (la «A» solo se refiere a la puntuación de controversia e indica que no hay ninguna campaña pública contra la empresa). Astra Agro Lestari, pese a estar vinculada directamente con los incendios, posee una puntación medioambiental  más alta.

«Estamos integrando de manera progresiva los factores ESG en la evaluación de acciones y bonos», repitió Matteo Tagliagerri, director de marketing y comunicación en la empresa italiana de gestión de activos Anima, que está también vinculada a Astra International. «Para ello utilizamos una calificación basada en la puntuación otorgada por empresas externas».

Ward Warmerdam, Investigador Senior en Profundo, una organización de investigación independiente especializada en sostenibilidad, afirma: «cuando deciden si involucrarse en actividades medioambientalmente arriesgadas, como el aceite de palma, los financiadores ponderan entre los beneficios prometidos por la alta productividad de grupos concretos, que podrían estar impulsados por prácticas empresariales no sostenibles (como el uso del fuego), y los daños a la reputación derivados, que podrían significar una pérdida de clientes y de valor de mercado».

Nuestro análisis demuestra que los mismos grupos productores de aceite de palma han recibido financiación una y otra vez. Además, todavía hay información financiera de 2020 que se actualizará en los próximos meses. Es posible que se destapen otros acuerdos para 2019 (también con grupos productores de aceite de palma relacionados con incendios), ya que estos podrían haberse dado a conocer en 2020, una vez que la investigación de la Coalición Forests & Finance ya se había completado.