Aurélien Antoine, profesor de derecho público en la Universidad de Saint-Etienne, director del Observatoire du Brexit y autor del libro Le Brexit, une histoire anglaise (editorial Dalloz, 2020), descifra lo que está en juego en las próximas semanas.

Los principales puntos de tensión inherentes al Brexit, es decir, el mantenimiento de la libre circulación de personas a ambos lados del Canal de la Mancha y el no restablecimiento de una frontera entre las dos Irlandas, se zanjaron en el acuerdo de retirada adoptado in extremis hace un año. Se suponía que, durante el periodo de transición, que acaba a finales de diciembre, se resolvería el resto. ¿Qué es lo que sigue planteando problemas?

Se trata principalmente de tres aspectos. En primer lugar, las dos partes no logran llegar a un entendimiento sobre las modalidades de una competencia justa. El Gobierno británico sigue estimando que la Unión Europea (UE) no le deja margen suficiente para que el Reino Unido recupere su soberanía, por ejemplo, con la imposibilidad de determinar su propio régimen jurídico de ayudas estatales.

El Reino Unido pide un acuerdo basado en el modelo del Acuerdo Económico Comercial y Global (CETA) firmado entre la UE y Canadá que prevé una serie de cooperaciones reglamentarias y que, por tanto, en última instancia ratifica una relación bastante cercana entre las dos zonas. Pero, en este caso, los británicos reclaman un acceso al mercado interior europeo con más privilegios que Canadá, especialmente sin aranceles aduaneros, a lo que Bruselas está en su derecho de oponerse si Londres no acepta una ambiciosa alineación normativa mediante estándares sanitarios, medioambientales y sociales armonizados.

Por otro lado, la Unión Europea sigue pensando que puede mantener al Reino Unido en su órbita, dada su condición de antiguo Estado miembro, e imponerle una mayor armonización normativa que a otros países socios. Ahora bien, según el enfoque de Boris Johnson, y sobre todo de Dominic Cummings, su asesor especial, la «Gran Bretaña Global» librecambista que quieren construir es un Estado como cualquier otro, sin un vínculo específico con la Unión Europea. Dado que el planteamiento de las negociaciones no es el mismo a un lado y otro del Canal de la Mancha, a las dos partes les cuesta dialogar de forma constructiva.

El segundo escollo, en el que la UE tiene más que perder que el Reino Unido, es la pesca. Londres, cuyo objetivo es recobrar el control de sus aguas territoriales, firmó hace poco un acuerdo con Noruega que prevé un acceso mutuo de los dos países a sus zonas de pesca, así como el establecimiento de cuotas pesqueras que se revisarán cada año. Londres aboga por un acuerdo de este tipo con Europa, a lo que Bruselas se niega.

El último punto de tensión está relacionado con cuestiones de gobernanza y, más concretamente, con la función del Tribunal de Justicia en la interpretación del futuro acuerdo y las modalidades de armonización reglamentaria. La Unión Europea quiere que las decisiones del Tribunal se impongan también a Londres, mientras que el Reino Unido rechaza cualquier injerencia del Tribunal que pudiera restringir su soberanía normativa.

La aprobación del Parlamento británico de una ley «sobre el mercado interior» a mediados de septiembre parece haber quebrantado la confianza entre las dos partes. ¿En qué consiste exactamente esta ley?

Con esta ley se pretende dejar al criterio exclusivo del Reino Unido el régimen que se aplicará a Irlanda del Norte. Esto constituye un incumplimiento del acuerdo de retirada firmado el año pasado entre las dos partes, con el que, tras largos meses de obstáculos, habían llegado precisamente a una solución alternativa para evitar el restablecimiento de una frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

Pero el proyecto de ley que autoriza al Gobierno británico a regular unilateralmente el comercio hacia Irlanda del Norte infringe el Protocolo sobre Irlanda anexo al tratado de salida. Efectivamente, dicho protocolo prevé una gobernanza conjunta con la UE sobre este asunto. Esta vulneración directa del derecho internacional claramente ha empeorado las relaciones con la Unión Europea, para la que es fundamental el cumplimiento de la ley y el principio de buena fe.

Además de la pesca, ¿no hay otros sectores que planteen tensiones como, por ejemplo, las finanzas?

Los pescadores franceses tienen más que perder que los de cualquier otro país europeo, por lo que esta cuestión tiene más importancia en nuestro país. Por último, la cuestión financiera tiene menos peso, ya que, poco a poco, vemos cómo surgen modos de colaboración entre la City y las plazas financieras europeas que podrían hacer que se superara el Brexit a medio plazo.

Además, en mi opinión, el aspecto intangible de los intercambios financieros hace que el sector sea menos vulnerable que sectores industriales que, por ejemplo, necesiten que en sus procesos de fabricación circulen componentes de montaje a ambos lados del Canal de la Mancha.

¿A quién le interesa que acabe el periodo de transición sin un acuerdo?

A corto plazo, el impacto de un «no deal» [ausencia de acuerdo] perjudica al Reino Unido, pero ¿quién sabe cuáles serán las consecuencias en unos quince años? El Gobierno británico que, francamente, tiene una visión bastante utópica del Brexit, prevé unos primeros años difíciles, pero para llegar a la larga a una situación mejor que cuando formaba parte de la UE, gracias sobre todo al establecimiento de nuevos vínculos con Estados Unidos o la zona del Pacífico. ¿Funcionará esta estrategia? Es imposible valorarlo actualmente.

En cambio, para Europa, sucede totalmente lo contrario. Dada la magnitud de su mercado interior, tiene menos que perder a corto plazo, aunque sufrirá importantes transformaciones en algunos sectores. Pero, a medio y largo plazo, si la aventura en solitario del Reino Unido tiene éxito, el Brexit podría tener el efecto de una bomba de relojería en el ámbito político, ya que daría ideas a los Estados miembro menos eurófilos.

Tras un periodo de bloqueo total, el Reino Unido aceptó que se retomaran las negociaciones. ¿Quién ocupa la posición de fuerza en lo que queda de conversaciones?

Si el Reino Unido quisiera realmente mantener un vínculo estrecho con la Unión Europea, podría haber cedido ya en varias normas para permitir una competencia más equitativa. Tal y como observamos, no es así en absoluto.

En cuanto a la UE, ya había cedido parcialmente sobre la cuestión de la red de seguridad entre las dos Irlandas para mantener los acuerdos de paz del Viernes Santo. Por lo tanto, no quiere dar la impresión de ceder, ni siquiera parcialmente, ante las exigencias británicas. Pero como la zona se ha construido sobre las bases de un gran mercado interior, a Bruselas le cuesta renunciar al mercado británico. A pesar de mostrar firmeza, la Unión se enfrenta a un dilema que la debilita.

Ante la mala fe que demuestra el Gobierno británico y la brutalidad de su proyecto de ley sobre el mercado interior, la Unión Europea quizás debería asumir explícitamente el riesgo del «no deal». Evidentemente, no es lo ideal desde el punto de vista económico, pero, ¿qué se puede hacer ante un socio que no cumple sus compromisos?

Mientras, nos apoyamos en el hecho de que no queremos tener un competidor a nuestras puertas que se convierta, según la expresión ya acuñada, en un «Singapur sobre el Támesis» cuando ya se toleran paraísos fiscales dentro de la UE. Ante estas circunstancias, ¿cómo se puede exigir a un Estado tercero que acepte un enfoque más exigente que ciertos Estados miembro?

¿Todavía es posible llegar a un acuerdo y que entre en vigor de aquí al 1 de enero de 2021?

Esa posibilidad es cada vez más lejana, debido a que se debe cumplir una serie de obligaciones de procedimientos. Por la parte británica, deberán legislar para transponer el acuerdo firmado en su ley nacional. Las cosas pueden ir bastante rápidas, porque el acuerdo de retirada no prevé una función importante del Parlamento. Por lo tanto, es algo que quizás pueda resolverse en unos quince días.

Desde el lado europeo, el proceso será mucho más largo. El Consejo y el Parlamento deben dar su consentimiento, algo que, en principio, puede llevar más tiempo. A continuación, los demás Estados miembro deberán ratificar el texto según sus disposiciones constitucionales, que pueden incluir procedimientos acelerados. Esto llevaría varias semanas, incluidos los posibles recursos ante el Tribunal de Justicia. Por lo tanto, en mi opinión, aún es posible conversar hasta mediados de noviembre. A partir de entonces, habrá motivos para preocuparse.

Si para estas fechas las dos partes siguen todavía en punto muerto, podemos imaginar diferentes soluciones jurídicas, como la puesta en marcha anticipada de ciertos dispositivos o retrasar la entrada en vigor en beneficio de algunos sectores, lo que supondría prolongar el periodo de transición. La ley prevé algunas soluciones, pero es poco probable que Boris Johnson apueste por las prórrogas.