La respuesta europea a la COVID-19 ha supuesto la introducción generalizada de medidas de vigilancia tecnológica y de rastreo que infringen las libertades civiles y los derechos humanos. Aunque algunas medidas drásticas se podrían justificar en esta situación sin precedentes, es sobre todo preocupante que algunos aspectos del autoritarismo digital que se han impuesto se lleguen a mantener más allá de esta crisis.

En un contexto de miedo e incertidumbre generalizados, se han aprobado medidas sin someterlas a un escrutinio adecuado para valorar si son adecuadas para frenar la pandemia y, por lo tanto, si vale la pena la consecuente pérdida de seguridad y libertad. En otras circunstancias, estas medidas se habrían considerado impensables y se habrían enfrentado a una firme oposición.

Como ya se ha podido observar durante el periodo de confinamiento, las medidas que se han tomado hasta ahora favorecen el abuso de poder, e irán incrementándose debido al peligro constante de una segunda ola del virus.

Medidas tecnológicas en Europa

Una de las primeras medidas de alta tecnología implementadas de manera generalizada fue la vigilancia a través de drones, aprobada en Bélgica, Croacia, Francia, Grecia, Hungría, Polonia, España, Turquía y el Reino Unido, con el fin de comprobar si la población cumplía las medidas de confinamiento y de distancia social.

Poco después, el más alto tribunal administrativo francés consideró que el uso de drones constituía una violación de la intimidad, ya que la información recogida permitía identificar a la persona rastreada. Los drones utilizados por las autoridades griegas fueron juzgados insuficientemente regulados como para prevenir infracciones a la privacidad.

En Polonia, el gobierno aprobó una aplicación que solicita a aquellos que están en cuarentena subir selfies, con un margen de 20 minutos, para confirmar que se encuentran en casa. La verificación se basa en el reconocimiento facial y la información de la localización. Sin embargo, no se sabe por qué las imágenes deben almacenarse en los servidores del gobierno durante seis años si se trata de una solución temporal.

Rusia instaló una red de 100 000 cámaras de reconocimiento facial para rastrear a las personas en cuarentena. Muchos de los que se atrevían a salir de casa, aunque fuese para hacer la compra, eran contactados por las autoridades pocos minutos después y se les multaba por incumplir las normas. Esto indica que la tecnología utilizada está vinculada a una extensa red que contiene otros datos personales.

En Eslovaquia se aprobó una ley que permitía a la Oficina de Salud Pública utilizar los datos de localización de los teléfonos para controlar a las personas en cuarentena. Aunque el gobierno sostiene que solo recopila información limitada y que solo la utilizará en lo relacionado con la pandemia, se ha difundido información que incluía el género, la edad y la dirección de los usuarios. Serbia ha ido un paso más allá, pues el presidente Sasa Vucic ha admitido que están rastreando los números de teléfono para seguir los movimientos de las personas, en particular los de los extranjeros, y ha advertido a los ciudadanos que «no intenten engañarnos dejando el móvil en un sitio [mientras se mueven] porque hemos encontrado otra manera de rastrear a los que incumplen las leyes».

La policía en Bulgaria estaba autorizada a solicitar y obtener información a través de los proveedores de telefonía e internet sobre las comunicaciones privadas de los ciudadanos para monitorizar a los que estaban en cuarentena. A partir de estos datos, las autoridades podían rastrear la localización real, así como saber con quién habían hablado y qué páginas web habían visitado.

En Rumanía, Alemania y Liechtenstein ya se ha intentado que los ciudadanos en cuarentena usen pulseras biométricas. En el caso de Rumanía, el dispositivo proporciona la localización del portador e informa a las autoridades sobre si se ha quedado en casa o si ha salido.

Periodistas y defensores de los derechos humanos en el punto de mira

Aunque la amenaza de noticias falsas durante la pandemia es evidentemente preocupante, el virus ha constituido la excusa perfecta para perseguir a periodistas disidentes y defensores de los derechos humanos.

Dunja Mijatovic, la Comisionada del Consejo de Europa para los Derechos Humanos, mencionó que, en la República Checa, Serbia e Italia, varios periodistas «no han podido asistir a conferencias de prensa, obtener información por parte de las autoridades sanitarias o documentar las operaciones de las fuerzas del orden» y reivindicó medidas proporcionadas para combatir la desinformación.

En Hungría, el gobierno aprovechó la crisis para suprimir los derechos de protección de datos de la UE, y cualquiera que publique hechos «falsos» o «distorsionados» podría enfrentarse a hasta cinco años de cárcel, mientras que muchos ciudadanos, e incluso miembros del partido de la oposición ya han recibido una visita de la policía debido a sus publicaciones en internet. En Bulgaria se ha aprobado una ley similar que el gobierno pretende mantener en vigor tras la crisis. Rumanía impuso un decreto de urgencia en el que, entre otras medidas, se aprobaba la orden de eliminar notificaciones de páginas webs y noticias que difundían bulos sin posibilidad de reclamar. En Turquía, muchos periodistas han sido detenidos y se enfrentan a investigaciones criminales por informar sobre la COVID-19.

Mayor vigilancia a través de aplicaciones de rastreo de contactos

Sin embargo, los últimos meses han servido para sentar las bases de un incremento de la vigilancia en forma de aplicaciones creadas por los gobiernos para rastrear los contactos, cuya difusión será probablemente más agresiva con la llegada de la segunda ola. Estas herramientas incorporarán parte de lo mencionado anteriormente e integrarán mayores violaciones a la privacidad, a la libertad de expresión y a los derechos humanos.

Un estudio realizado por Ogury en mayo de 2020 descubrió que en cinco de los países europeos más poblados existe una falta de confianza absoluta en la protección gubernamental de los datos en las aplicaciones de rastreo de contactos.

En Francia, donde solo un 2% de la población se descargó la aplicación, el 33% de los encuestados estaría dispuesto a compartir sus datos mientras que el 63% no confía en que su gobierno vaya a proteger su información. En España, el 57% desconfía de la seguridad de sus datos, y un 62% de los encuestados no está dispuesto a compartir ningún dato.

Incluso en Alemania, donde la aplicación de rastreo de contactos superó los 6,5 millones de descargas en 24 horas, se obtuvieron cifras similares: solo el 36% de los encuestados está dispuesto a compartir sus datos mientras que el 60% no confía en su gobierno en lo que respecta a la seguridad de la información. El Reino Unido, cuya aplicación centralizada se abandonó, cuenta con la mayor desconfianza en el gobierno para almacenar sus datos (60%).

Y no les falta razón. Noruega se vio forzada a suprimir su aplicación de rastreo de contactos después de que la agencia nacional de protección de datos declarase que invadía demasiado la privacidad. Por otro lado, en Polonia, un ingeniero de software senior abandonó el proyecto gubernamental ProteGo Safe tras una reunión con el Ministerio de Asuntos Digitales, pues los funcionarios querían que la aplicación vinculase los datos a los números de teléfono, desvelando así la identidad de los usuarios.

Unos 170 investigadores y científicos en el Reino Unido que trabajan en la seguridad de la información y la privacidad firmaron una carta conjunta sobre sus preocupaciones respecto a este sistema en la aplicación del Sistema Sanitario Nacional (NHS).

«Cuando salgamos de esta crisis, es esencial que no hayamos creado una herramienta que permita la recolección de datos de la población o de grupos sociales determinados para fines de vigilancia», se podía leer en la declaración.

«Una información tan invasiva puede incluir el “grafo social” de con quién se ha encontrado alguien durante un determinado periodo de tiempo. Mediante el acceso al grafo social, un agente dañino (el Estado, el sector privado o un hacker) podría espiar a los ciudadanos en sus actividades en la vida real. Nos preocupa de sobremanera que el objetivo de la NHSX sea precisamente este grafo social.»

Google y Apple, el duopolio mundial de los sistemas operativos en los que se podrán utilizar estas aplicaciones y que controlan todas las actualizaciones automáticas API, declararon que con el tiempo les permitirían «habilitar la interacción con un ecosistema de aplicaciones más extenso y con las autoridades sanitarias». Este hecho permitiría la creación del mencionado «grafo social».

A su favor se suele argumentar que estas aplicaciones estarán basadas en el opt-in, pero la presión social y gubernamental para utilizarlas, o la probabilidad de forzar su uso como requisito para trabajar o volar disminuye la fiabilidad de su estatus voluntario. De hecho, se estaría forzando al público a utilizar un software de seguimiento vulnerable que alteraría la naturaleza de nuestras vidas.

Incluso la OMS admitió que «aún no se conoce la efectividad del rastreo digital de proximidad para contribuir al rastreo de contactos» y que «actualmente, no hay métodos establecidos para evaluar su efectividad». Human Rights Watch [el Observatorio de Derechos Humanos] también ha puesto en entredicho este tipo de aplicaciones, subrayando sus capacidades extensas de vigilancia.

El hecho de que las aplicaciones se basen en el «consentimiento voluntario» no tiene por qué significar que el procesamiento de datos personales se base también en el consentimiento del usuario, debido a que la mayoría de entidades públicas y privadas involucradas en estos proyectos se niegan a comunicar durante cuánto tiempo se va a monitorizar a la población o de qué manera se recogerán los datos. Tampoco mencionan si la recolección de datos terminará con el final de la pandemia.

Por lo tanto, el intenso debate a escala europea sobre si dichas aplicaciones deben ser centralizadas o descentralizadas, voluntarias u obligatorias o si deben utilizar el GPS o el Bluetooth es redundante, una mera distracción de otras cuestiones mucho más importantes.

Asimismo, hay argumentos de peso que estas aplicaciones no tienen en cuenta, como los nuevos datos, que apuntan a una amenaza mucho menor de lo que se había previsto en un principio; la nueva predicción de la tasa de mortalidad de la COVID-19 para pacientes que desarrollan síntomas (0,4%) del Centro de Control de Enfermedades; estudios de anticuerpos que demuestran que hay más gente con anticuerpos que con el virus; o expertos que insisten en que este tipo de aplicaciones solo serían efectivas al inicio de las pandemias.

No obstante, las preocupaciones de los profesionales que se alejan del acuerdo de las autoproclamadas voces «oficiales» parecen caer en saco roto debido a un flujo de información cada vez más controlado y conforme. Esto fomenta el asentamiento instantáneo del mecanismo del miedo a la COVID-19 y de las estrictas medidas tecnológicas que vienen con él.

La amenaza constante de un rebrote del virus juega a favor de los gobiernos que han demostrado que estarían dispuestos a imponer un control más estricto de sus habitantes. Además, estarían respaldados por las grandes compañías tecnológicas, las más beneficiadas de la crisis, cuyos antecedentes de privacidad son cuestionables.

Por lo tanto, las aplicaciones de rastreo de contactos, así como otras medidas tecnológicas invasivas que se vincularán intrínsecamente a todas y cada una de las facetas de nuestras vidas darán paso a una nueva realidad aterradora si no se revisan ni analizan lo suficiente.