Tanto los pescadores como los peces pueden perder la batalla que llevan librando desde la antigüedad en el Mediterráneo, que ahora se ha convertido en el mar más sobreexplotado del mundo , debido a la demanda alimentaria que no deja de aumentar. Unas 230 000 toneladas de alimentos cuyo origen es el Mediterráneo se desechan cada año (alrededor del 18 por ciento de las capturas totales), incluidas especies o peces con tamaños inadecuados para el mercado.

El 10 de abril, el Comité Científico de Pesca de la UE publicó un informe que confirma las tendencias negativas en las poblaciones de peces del Mediterráneo.

Los últimos acontecimientos en esta batalla podrían acabar causando daños económicos y medioambientales a largo plazo. El coste para los consumidores también podría ser grave, aunque es algo aún difícil de prever.

Lo que está claro es que el nuevo plan de gestión plurianual de la UE para las especies demersales (las que se encuentran en el fondo del mar) en el Mediterráneo Occidental no acabarán con la sobrepesca para 2020. Ante el incumplimiento de la Política Pesquera Común que entró en vigor en 2014, el plazo para la pesca sostenible se ha ampliado hasta el 2025. La normativa votada por el Parlamento Europeo el 4 de abril no impone las restricciones severas sobre las actividades de arrastre que esperaban los ecologistas para contrarrestar lo más decididamente posible el drástico descenso de las poblaciones de peces. La tendencia descendente, combinada con las importaciones a precios bajos desde el extranjero, ha desencadenado un efecto bumerán en el sector pesquero del sur de Europa. Las constantes pérdidas financieras y de trabajos han afectado a las flotas de los países costeros de lo que se define como Mediterráneo Occidental Europeo: Italia, Francia y España.

Subáreas geográficas en el Mediterráneo occidental (Fuente: Comisión Europea)

En los tres países, las especies demersales en peligro de extinción constituyen el noventa por ciento de las capturas desembarcadas y el ochenta por ciento de ellas se explota superando los niveles sostenibles. Entre estas especies se incluyen productos habituales en los menús de alimentos de origen marino, como la merluza, el salmonete y la gamba.

Una presa tan sabrosa no es solo un producto de mercado, sino un sustento para miles de personas que viven de la pesca artesanal. Estos pescadores, que usan pequeñas redes pasivas tradicionales, cada vez cuentan con menos capacidad para competir con las flotas comerciales.

Navegar por las aguas a veces turbias de los cálculos científicos y las cuentas de negocio es una tarea complicada. La incertidumbre de los análisis de los expertos acaba ofreciendo un peso político amplio e incluso peligroso a los legisladores.

Basándonos en nuestras conclusiones, hemos elaborado una serie de artículos que exponen los aspectos contenciosos que podrían acabar generando un efecto de bola de nieve: el primero trata sobre la desacertada legislación de la UE, el segundo, sobre el trastorno medioambiental y, el tercero, sobre la trampa de la rentabilidad. 

Capítulo I – Legislación desacertada

Los grupos de presión diluyen las restricciones de la UE sobre el arrastre

La nueva normativa que entrará en vigor a partir de 2020 socava las medidas clave que había propuesto la Comisión Europea en 2018 para reducir el impacto de la pesca de arrastre de fondo en los ecosistemas marinos. Este método de pesca constituye la principal causa provocada por el hombre de la reducción de las poblaciones de peces. Efectivamente, se pescan y se matan grandes cantidades de ejemplares de tamaño inferior al reglamentario cuya venta está prohibida, así como los ejemplares más jóvenes y con más capacidad de reproducción. Además, las grandes y pesadas redes que se arrastran en las profundidades del fondo marino dejan una gran huella en hábitats en los que normalmente se alimentan y se reproducen los peces.

El texto que se adoptó al final es el resultado de un compromiso alcanzado en febrero entre el Parlamento Europeo y el Consejo, el otro organismo legislativo de la UE, que reúne a ministros nacionales responsables de ámbitos concretos (en este caso, de la pesca). 

El objetivo de la propuesta de la Comisión era armonizar las divergentes normativas nacionales, con el fin de coordinar la protección de las poblaciones de peces, al mismo tiempo que se garantizaba una igualdad de condiciones para los pescadores en Italia, Francia y España.

La normativa propuesta tiene como finalidad servir de complemento a la primera y un tanto desfasada Normativa del Mediterráneo de la UE de 2007, así como a las acciones nacionales adoptadas en 2016 como parte de la iniciativa MedFish4Ever .

Estas iniciativas han tenido un impacto positivo: el porcentaje de poblaciones de peces sobreexplotadas se redujo un 10 por ciento, pasando del 88 por ciento en 2014 al 78 por ciento en 2016. Sin embargo, el último informe de la FAO, “Estado de la pesca en el Mediterráneo y el mar Negro”, publicado a finales de 2018, advierte que se necesitan más acciones para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las poblaciones de peces.

Juego de lobbies 

El nuevo plan de la UE para el Mediterráneo Occidental pretende ser una respuesta a esta advertencia. Pero su eficacia se ha debilitado por las acciones entre bastidores orquestadas por los lobbies italianos, franceses y españoles de la pesca de arrastre durante el proceso de toma de decisiones.

Su estrategia se coordinó en el Consejo Consultivo del Mediterráneo (MEDAC), un organismo asesor con sede en Roma y financiado por la UE que reúne a una variedad de grupos de interés socioeconómicos, incluidos pescadores industriales y artesanales, ONG, sindicatos, consumidores y asociaciones recreativas/deportivas. La misión del MEDAC es aportar a las instituciones de la UE recomendaciones sobre políticas de pesca acordadas por todos sus miembros.

A pesar de estar obligado a mantener su imparcialidad, la secretaría del MEDAC desempeñó una función activa en nombre de un trío comercial continental: la italiana Alleanza delle Cooperative , el francés Comité national des pêches maritimes et des élevages marins y la Confederación Española de Pesca . Hemos accedido a una conversación mantenida por correo electrónico de finales de noviembre de 2018 que demuestra que las tres asociaciones nacionales de pesca industrial utilizaron a empleados del MEDAC, es decir, el dinero de los contribuyentes, para elaborar conjuntamente una postura común dirigida al Parlamento.

A principios de diciembre, João Aguiar Machado, director general de DG Mare , el departamento de la Comisión Europea responsable de asuntos de pesca, envió una carta a Giampaolo Buonfiglio, presidente de MEDAC. Machado advirtió a Buonfiglio que esa conducta indebida no se podía volver a repetir, pero no se emprendió ninguna acción concreta y se contentó con las correcciones en el procedimiento que prometió el presidente de MEDAC y que posteriormente aceptaron todos los miembros del organismo asesor.

Un giro interesante en todo este asunto: Buonfiglio es también presidente de Confcoopesca, la sección de pesca de Alleanza Cooperative Italiane, que une tanto a pescadores industriales como artesanales y con representación en las asambleas de MEDAC. “La asociación a la que represento, junto a nuestros compañeros franceses y españoles, utilizó la comunicación interna de MEDAC solo como un modo de compartir nuestras inquietudes comunes”, comentó Buonfiglio. “Después, distribuimos públicamente nuestra declaración conjunta a través de nuestros respectivos canales, no como un consejo oficial de MEDAC”. El 26 de noviembre del año pasado, el mensaje firmado conjuntamente por el trío acabó en manos de eurodiputados, instándoles a posponer el voto justo la víspera de la primera lectura. El mismo día, la asociación española del sector reenvió el intercambio de correos iniciado por la secretaría de MEDAC en nombre de la Lega Cooperative Italiane a la eurodiputada española Clara Aguilera. Aguilera, miembro del Partido Socialista español, es relatora del Plan del Mediterráneo Occidental en el comité de pesca. El 27 de noviembre, una gran mayoría de distintos partidos en el comité, liderado por el Partido Popular, aceptó congelar el archivo hasta después de las vacaciones navideñas. 

Con esto se dispuso de tiempo suficiente para elaborar enmiendas que se adaptaran a las exigencias del sector de la pesca industrial de unas normas menos severas y que al final se ajustaron a las posturas expresadas por los Gobiernos de Italia, Francia y España en el Consejo 

Grandes contra pequeños

Una de las diputadas que apoyó firmemente estas enmiendas es Rosa d’Amato del Movimento Cinque Stelle de Italia (Movimiento Cinco Estrellas). En su opinión, la propuesta inicial de la Comisión habría expulsado del mercado a los pequeños operadores. “La sostenibilidad económica y social de la pesca a pequeña escala y la sostenibilidad medioambiental pueden y deben ir de la mano”, explicaba D’Amato. El problema es que la legislación relevante de la UE considera que la pesca a pequeña escala (o artesanal) solo es la que realizan pequeños barcos pesqueros que no utilizan aparejos de pesca remolcados, incluidas redes de arrastre. En cambio, el objetivo del Plan del Mediterráneo Occidental es regular únicamente la actividad pesquera que implica arrastre. Entonces, lo que D’Amato defiende como pesca a pequeña escala es en realidad el arrastre pequeño. 

“Sin las restricciones adecuadas, incluso el arrastre a menor escala no es en absoluto una técnica sostenible, ya que no es selectiva en cuanto a especies o tamaños”, afirmó Nicolas Fournier, asesor político en Oceana Europe. “Al contrario de su discurso público, tanto el sector italiano como D’Amato, así como otros eurodiputados, solo defienden a las flotas de arrastre comerciales en detrimento de pescadores artesanales más sostenibles cuyos intereses no están representados en ninguna de las enmiendas propuestas”. Un informe de la FAO confirma que el sector pesquero a pequeña escala, que emplea a la mayoría de pescadores, es el que causa menos daños medioambientales. Sin embargo, algunos científicos sostienen que miles de pequeñas embarcaciones de recreo y artesanales podrían tener un mayor impacto en el ecosistema que unos pocos grandes barcos pesqueros de arrastre y que, por tanto, también deben regularse. 

Indignada por las manipulaciones instituciones a favor de los grupos de lobby, Oceana decidió cancelar su pertenencia a MEDAC a finales de marzo. “Los esfuerzos por mejorar la gestión del Mediterráneo a través de este organismo han resultado ser inútiles”, comentaba Fournier. “Este reciente abuso ha sido el colmo en una serie de errores de funcionamiento: no existe ningún escrutinio externo que disuada las acciones incorrectas y las opiniones de los grupos minoritarios no se tienen totalmente en cuenta en los consejos que adopta la asamblea de MEDAC, en la que los representantes de la pesca industrial cuentan con la mayoría de los votos”. Cabe mencionar el hecho de que el consejo de MEDAC publicado en 2017 era intencionadamente cauteloso en cuanto a las restricciones del arrastre propuestas para el Mediterráneo Occidental, lo que indicaba claramente las opiniones divergentes de los distintos grupos de interés.

A pesar de su decepción, Oceana instaba a los eurodiputados a aprobar la versión final del plan del Mediterráneo Occidental, pues lo consideraba una opción mejor que el hecho de no disponer de ningún plan en absoluto. Sin embargo, Fournier sigue insistiendo en que “los cambios negociados a puerta cerrada por el Consejo y el Parlamento ponen en peligro el objetivo de sostenibilidad establecido en el plan de gestión”.

El sector adopta un enfoque pragmático. “Somos conscientes de que debemos conservar los recursos pesqueros en nuestro propio beneficio y, de hecho, nuestras flotas se quejan de que algunas poblaciones en ciertas áreas parecen estar sobreexplotadas”, afirmaba Buonfiglio. “No obstante, antes de adoptar restricciones más drásticas, es necesario evaluar los resultados del plan de gestión plurianual y demostrar que las medidas existentes no son eficaces y que el único modo posible para proteger las poblaciones de peces es reducir aún más el esfuerzo pesquero y el uso de los arrastres de fondo”. 

Un plan con buenas intenciones, pero con fallos 

De hecho, la disputa central afecta a lo que se denomina, en términos técnicos, “esfuerzo pesquero”. Esta medida define el número de días que cada barco de arrastre tiene permitido pasar en el mar durante un año. Los científicos afirman que, para salvar las poblaciones de peces, los pescadores en barcos de arrastre deben reducir su tiempo de pesca. De conformidad con este principio, la Comisión propuso que cada año el Consejo debía reducir el esfuerzo pesquero, según el consejo del Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (STECF), un organismo independiente cuyos miembros designa la propia Comisión. La tarea del STECF consiste en recomendar una reducción concreta del esfuerzo en cada una de las 8 subáreas geográficas en las que ha dividido el Mediterráneo Occidental la Comisión General de Pesca del Mediterráneo de la FAO .

 Esta gestión con fundamentos científicos es sensata en teoría. Pero la realidad posiblemente será muy distinta. De hecho, el acuerdo final ya limita los márgenes de reducción del esfuerzo: independientemente de lo estrictas que sean las recomendaciones del STECF, durante el primer año (2020) de la implementación del plan, el número de días en el mar no puede ser inferior al 10 por ciento de los registrados durante el periodo anterior entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017. Y en los próximos cuatro años (2021-2024), el índice de reducción no puede superar el 30 por ciento. “Por consiguiente, la reducción máxima del esfuerzo posible en los cinco años es del 40 por ciento, lo que podría ser insuficiente para evitar una reducción mayor en las poblaciones más sobreexplotadas”, explica Fournier. “Por ello, no existen garantías de que se logre un nivel de capturas sostenible para la fecha límite de 2025 establecida en el plan”.

Clara Ulrich, profesora de gestión de pesca en el Instituto Nacional de Recursos Acuáticos de Dinamarca y presidenta de los Grupos de Trabajo del STECF que apoyan el Plan del Mediterráneo Occidental, se muestra algo optimista: “El éxito del plan depende de la rapidez con la que descienda la mortalidad de las poblaciones de peces y si, después de 2024, los Gobiernos se comprometen o no a reducir el esfuerzo pesquero al nivel de la especie más explotada, la merluza, lo que supone una reducción adicional de hasta el 50 por ciento para 2025, como estipula el plan”.

En su opinión, “El plan actual es una solución intermedia entre lo que sería necesario para lograr la sostenibilidad de las distintas especies y lo que era políticamente aceptable para los tres Estados miembros (Italia, España y Francia) a corto plazo”.

Por su parte, Enrico Brivio, portavoz de asuntos de pesca de la Comisión Europea, se muestra diplomático, como era de esperar: “El acuerdo parece contar con un amplio consenso de los Estados miembros, el sector e incluso de las ONG y, en cuanto a las evaluaciones del impacto futuro, estamos supervisando continuamente la situación de las poblaciones de peces y las actividades”. 

Sin embargo, existe el riesgo de que las enmiendas acaben neutralizando en parte la reducción de los días de pesca al permitir más horas de pesca al día. De hecho, el tiempo de pesca máximo diario permitido se ha incrementado de 12 horas, tal y como proponía la Comisión, a 15 horas y hasta 18 horas si se aprueban las derogaciones a nivel nacional. “Sabemos que los Estados miembros concederán automáticamente las 18 horas a una gran parte de la flota, sobre todo para compensar la reducción en el número de días”, explicaba Fournier. “Esta medida habría tenido sentido si la prohibición del arrastre se hubiera ampliado del límite actual de 50 metros a 100 metros de profundidad, como proponía la Comisión, y las embarcaciones hubieran tenido que viajar durante más tiempo para llegar a las áreas de pesca”. Pero el plan modificado hace que la prohibición de 100 metros solo sea obligatoria hasta 6 millas náuticas de la costa: más allá de esta distancia, las embarcaciones de arrastre pueden seguir pescando en aguas poco profundas también. “Puesto que el arrastre ya estaba prohibido a 3 millas por la legislación anterior, las nuevas normas alejarán más a las flotas de las costas solo 3 millas náuticas (alrededor de 11 km) de media”, explicaba Fournier. “Esta corta distancia adicional no justifica las 6 horas extra de pesca”.

La Comisión propuso que la prohibición de 100 metros se aplicara cada año entre mayo y julio, el periodo durante el cual se reproducen o aumentan su población adulta las especies que corren más peligro. Lamentablemente, este periodo coincide con la temporada estival, cuando los turistas invaden los restaurantes especialistas en pescado en la costa y la demanda de pescado llega al máximo. Entonces, no es de extrañar que el texto final permita a cada Gobierno que elija el periodo de prohibición, mientras lo mantiene a un máximo de tres meses al año.

“Insistimos en ampliar la prohibición a 100 metros, u 8 millas de la costa, durante todo el año, pero no aceptaron nuestra propuesta”, comentaba Iuri Peri, director de proyectos de Italia de Low Impact Fishers of Europe (LIFE), una plataforma que representa a pescadores artesanales de todo el Mediterráneo. El objetivo de LIFE era excluir a las embarcaciones de arrastre de las grandes áreas costeras donde los pequeños pescadores podrían haber recuperado parte de su negocio en declive.

En la siguiente parte de esta serie, se debatirá la posible insuficiencia del plan del Mediterráneo Occidental, principalmente desde el punto de vista medioambiental.