Por primera vez en la historia del Banco Central Europeo (BCE), la presidenta Christine Lagarde expuso su intención de adoptar objetivos ecológicos, una decisión controvertida tomando en cuenta el carácter independiente de la institución. Si a esto le sumamos el plan de la Comisión Europea de destinar los 750 000 millones de euros del fondo de recuperación “Next Generation EU” (NGEU) a la transición verde, podría ser posible cumplir con los objetivos del Pacto Verde Europeo. Además, si los líderes de estas dos importantes instituciones llevan a cabo sus planes ecológicos, sería posible alinear las políticas monetarias y fiscales mediante un objetivo común, resolviendo así un problema de la UE que data de hace tiempo. Si se implementan de manera diligente y eficaz, estas medidas de recuperación podrían sin duda dar paso a una nueva generación de la Unión Europea.

¿Es verdaderamente verde el plan de recuperación europeo?

El acuerdo del Consejo Europeo sobre el plan de recuperación, anunciado el 21 de julio de 2020, constituye un paso significativo para la UE en términos de solidaridad económica y política. La Comisión Europea recaudará fondos en los mercados financieros para proveer subvenciones y préstamos a los Estados miembros. El importe total será de 1,8 billones de euros: 1,074 billones para el marco financiero plurianual (MFP), es decir, el presupuesto ordinario de la UE, y 750 000 millones para el NGEU. Esta distribución concuerda en muchos aspectos con el Pacto Verde. Si bien no es tan ambiciosa como la que se propuso en mayo, no cabe duda de que se trata del plan más verde que el mundo haya visto. Si el Pacto Verde se emplea como marco de referencia, la UE podrá utilizar el fondo de recuperación y el MFP para incitar a los Estados miembros a que implementen iniciativas a corto y largo plazo para una recuperación impecable, sólida y sostenible.

“Las negociaciones del Consejo Europeo sobre el fondo de recuperación han mostrado que el cambio climático es un asunto de gran importancia en la política. Ahora bien, el plan no ofrece un financiamiento adecuado para ciertas áreas”, declaró Manon Dufour, responsable de la sede de Bruselas de E3G, un grupo de expertos en energía. Actualmente, el MFP y el NGEU planean destinar 547 000 millones de euros (un 30 % de los recursos de la UE) a la transición verde en un plazo de seis años. Esto equivale a tan solo un 25 % de las inversiones necesarias para alcanzar el objetivo de reducir las emisiones entre un 50 y un 55 % para 2030. Asimismo, como ya se ha mencionado, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) deberá hacer un mayor esfuerzo para financiar la transición verde. Pese a haber perdido las garantías de Euinvest, el principal programa de inversiones de la Comisión, el BEI es capaz de aumentar su balance general a más del doble mediante proyectos ecológicos más arriesgados, pero potencialmente gratificantes. Sobre todo si consideramos el estado favorable de las tasas actuales.

No obstante, la mayor desventaja del acuerdo del Consejo es la reducción del Just Transition Fund a la mitad del importe propuesto por la Comisión Europea. Este fondo busca brindar apoyo a las regiones de la UE más afectadas por la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono, una iniciativa importante para garantizar la inclusión social y la aceptación política de la transición verde. Aun así, según estiman Gregory Claeys y Simone Tagliapietra , de Bruegel, el panorama general es positivo.

El papel de los Estados miembros

Pese a que el plan de recuperación de la Comisión le brinde a la UE la oportunidad de realizar reformas estructurales en su economía, una gran parte de la implementación queda en manos de cada Estado miembro. La Recovery and Resilience Facility, que constituye un 90 % del NGEU, exige que los Estados miembros creen y presenten su propio plan de recuperación. Después, la Comisión evaluará las propuestas según tres criterios. El plan debe concordar con las recomendaciones específicas del Semestre Europeo para cada país. Debe desarrollar oportunidades laborales y de crecimiento, aumentar la resiliencia económica y social, y promover un programa ecológico y digital.

No obstante, este último punto es difícil de garantizar debido a la “carencia total de una metodología clara que determine si una acción es ecológica o no,” explicó Dufour a EDJNet. “Para supervisar y aplicar adecuadamente la acción climática, se necesita una mejor gobernanza climática tanto a nivel regional como nacional. Por ejemplo, actualmente, la metodología empleada de conformidad con el MFP suele sobrevalorar cuánto se gasta en el clima”. En otras palabras, tanto el compromiso de los Estados miembros para construir un futuro verde como el rigor de la Comisión para definir y aplicar los tres criterios mencionados determinarán en gran parte hasta qué punto el plan de recuperación de la UE contribuirá en la transición verde.

Armonización de las políticas fiscales y monetarias

Aunque todavía falte ver cómo se implementará realmente la Recovery and Resilience Facility, la idea de que las políticas ecológicas guíen tanto las políticas fiscales como las monetarias podría marcar un cambio histórico en la economía europea. Ya antes de la introducción de la moneda común, los académicos y los responsables políticos habían criticado el diseño incompleto y subóptimo de la política monetaria centralizadora de la eurozona. La política fiscal quedaba rezagada al ámbito nacional. Las medidas fiscales y monetarias deberían complementarse entre sí, pero debido a la asimetría fiscal entre las diversas economías europeas, alinear la política fiscal con la monetaria ha representado un desafío constante. Las políticas ecológicas podrían pasar a ser un valioso complemento para las reglas de reajuste fiscal del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que todavía no han alcanzado el nivel de convergencia deseado.

El compromiso de Lagarde de pensar en cambios “más verdes” para todas las operaciones del BCE, incluyendo la compra de activos, es un primer paso para lograr dicha convergencia.

Tomando en cuenta las limitaciones del plan de recuperación, el BCE podría desempañar un papel importante para alcanzar los objetivos climáticos previstos al crear condiciones que propicien las inversiones en la acción climática y ambiental.

El papel del BCE

En un discurso reciente, Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, mencionó que existen tres pilares complementarios necesarios para acelerar la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono: un precio adecuado para el carbono, un programa de inversiones sólido y un mercado financiero más verde. Schnabel también instó a todos los bancos centrales a mitigar los riesgos climáticos, ya que el calentamiento global supone un riesgo considerable para la estabilidad de precios. Si el BCE implementa sus ideas ecológicas, se convertirá en el primer banco central principal en emplear un programa insignia de adquisición de bonos para cumplir con objetivos ecológicos.

Esto podría conducir voluntariamente a los bancos privados a invertir su capital en proyectos ecológicos. En este sentido, el sistema financiero puede ser un catalizador tanto para la acción climática como para la armonización de los fines monetarios y fiscales. Sin embargo, los mercados no apoyarán la transición verde sin la presencia de políticas climáticas comunes de diversos gobiernos nacionales que sienten las bases para proyectos ecológicos y empresas relacionadas. Así se crearían las condiciones adecuadas para que el sector financiero pueda asignar capitales donde más se necesiten.

En una carta de diciembre de 2019 dirigida a los miembros del Parlamento Europeo, la presidenta del BCE mencionó que el Banco Central Europeo estaba llevando a cabo un análisis minucioso de todas sus actividades y que observó que “el Eurosistema ha adquirido un número considerable de bonos verdes tanto mediante el CSPP (Corporate Sector Purchase Programme) como mediante el PSPP (Public Sector Purchase Programme)”. No obstante, como explicó Dufour, debido a la carencia de una metodología para monitorear la acción climática, el producto final termina siendo tan solo un panorama incompleto de la huella de carbono de sus programas de adquisición de activos, lo que impide una valoración más significativa. “Se debe ser precavido a la hora de evaluar posibles medidas políticas independientemente de la utilización de ganancias y modelos de negocio de empresas particulares”, concluyó Lagarde en sus declaraciones.

Pese a las implicaciones de la covid-19, la pandemia ha dejado un espacio para que la UE reestructure su persistente desafío fiscal y monetario. Su dependencia excesiva del BCE, sobre todo durante la pandemia, ha sacado a la luz la asimetría existente entre sus estructuras fiscal y monetaria. Si se integra otra piedra angular del programa principal de la UE, es decir los tres objetivos verdes, y se emplean más medidas fiscales para apoyar las políticas monetarias, tanto la UE como el clima saldrán ganando.