Mes y medio después de las elecciones generales y dos semanas después de las autonómicas y municipales, Pedro Sánchez comenzará esta semana las primeras reuniones auténticas para buscar una mayoría que le permita acudir a la investidura. El líder del PSOE no tiene prisa para formar Gobierno, porque el paso del tiempo debilita a sus adversarios. El Congreso difícilmente arrancará antes de septiembre y suma otro periodo perdido a un proceso de parálisis legislativa que comenzó en 2015. Desde entonces, España ha acumulado 69 directivas europeas sin trasponer y los empresarios piden que se forme un Ejecutivo cuanto antes. España afronta multas de más de 160 millones al año por estas demoras.

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, pidió paciencia a la prensa. En su comparecencia en el Congreso, tras ver al Rey en la ronda de consultas, advirtió de que faltan semanas de negociaciones, tertulias y presiones. Su partido —en realidad él, que es quien decide— insiste en entrar en el Gobierno para apoyar con sus 42 diputados a los 123 del PSOE. Carmen Calvo también pidió tranquilidad en La Sexta y señaló que si había preguntas era por «los tiempos periodísticos». Mes y medio después de las elecciones generales, Iglesias y Sánchez llevan dos semanas sin hablarse, según explicó el primero.

Un dirigente de la oposición interpreta el compás de espera de Sánchez como una fórmula para dejar que se cuezan los demás: «Está haciendo lo mismo que Rajoy, dejar que el tiempo pase porque corre a su favor. Él ya es presidente, no como en otras ocasiones, y el desgaste lo tenemos los demás por diversas razones». Albert Rivera sufre el desgaste porque recibe presiones, internas y externas, para abstenerse y dejar gobernar al PSOE. 

Unidas Podemos se desangra en luchas internas y su apoyo en teoría se abarata conforme Iglesiasse queda más solo y más necesitado de entrar en el Ejecutivo. Además, el PSOE tiene que despejar antes la formación de Gobierno en Navarra si quiere la abstención de UPN para que la presidencia de Sánchez no salga adelante gracias a los votos de ERC o JxCAT.

Mientras, España supera ya cuatro años de actividad legislativa al ralentí. Desde que en 2015 Rajoy ganó las elecciones sin mayoría, el Congreso ha sido un lugar de comisiones de investigación, broncas, proposiciones no de ley y hasta de una moción de censura. Pero apenas de leyes. Tras la repetición electoral de 2016, primero con Rajoy y después con Sánchez en Moncloa, España vivió su legislatura más estéril.

Entre julio de 2016 hasta que Sánchez disolvió las Cortes en 2019, solo se habían aprobado 90 leyes, de las cuales el 64% fueron decretos leyes, una fórmula prevista para situaciones de urgencia y que permite en la práctica sortear al Parlamento. El anterior récord negativo lo ostentaba el segundo mandato de Felipe González (1986-1989), cuando se aprobaron 144 reformas legislativas.

El resultado es que España ha ido acumulando un déficit de trasposición de directivas europeas. No todas tienen que incorporarse al ordenamiento jurídico como ley porque algunas pueden ir por real decreto o en otras fórmulas de inferior rango. Pero España ha ido sumando retrasos. En el último año, con la llegada de los socialistas al poder, España aprobó algunas de las que amenazaban con acabar en multa para el país mediante decreto ley.

Pero sigue habiendo un atasco. Según un listado remitido al Parlamento por el Ministerio de Exteriores, al disolver las Cortes, España tenía 69 directivas pendientes de trasponer. Algunas de ellas, debían haber estado traspuestas antes de 2015. Hay directivas de todo tipo y multas ya planteadas que rondan los 450.000 euros diarios, más de 160 millones de multa al año. La multa es el último recurso y los Estados negocian con la Comisión justificando sus retrasos y mostrando avances para evitarlas.

Los empresarios piden que haya un Gobierno lo antes posible. Esta semana, la presidenta del Santander, Ana Patricia Botín, pidió un Gobierno para salir de la parálisis e inacción. El directivo de una patronal lamenta que 2019 va a ser otro año perdido. Fuentes de la CEOE lamentan el retraso: «Rebajar el déficit de transposición de las Directivas europeas en España es fundamental para generar un marco reglamentario estable a partir del cual las empresas españolas puedan aprovechar al máximo un mercado interior de más de 500 millones de consumidores. Si las directivas no se transponen en tiempo y forma, España como Estado no cumple sus compromisos con sus socios comunitarios y las empresas no pueden beneficiarse de las economías de escala».

Sánchez está amenazando a sus posibles socios con una repetición electoral. Aunque «nadie quiere volver a tirar los dados», como pronostica un diputado de la oposición, si nadie cede y hay que ir de nuevo a las urnas, el tiempo de parálisis se dispararía.