Europa tiene fama de ser el guardián más riguroso de las grandes compañías tecnológicas. No obstante, esta reputación se encuentra ahora en gran peligro, ya que el intenso cabildeo realizado por la industria tecnológica en los últimos años ha dado como resultado reglamentos y políticas que han inclinado la balanza de poder de los Estados a las empresas. Actualmente, el impacto de estos cambios se ha hecho claro en todo el continente.

En los últimos años, los cuatro gigantes tecnológicos (Google, Amazon, Facebook y Apple) han elevado sus gastos de cabildeo en la Unión Europea desde un total de 2,8 millones de euros en 2013 hasta 15,25 millones en 2018, lo que equivale un aumento de 444% para ese periodo.

Google se encuentra detrás de más de la mitad de estas inversiones, habiendo gastado 8 millones de euros en 2018, lo que representa un incremento de 1233% desde 2011, año en el que apenas gastó 600 000 euros. Por su parte, Facebook ha presenciado un incremento de un 2233% (de 150 000 euros a 3,5 millones) durante el mismo periodo. Nada indica que esta tendencia al alza vaya a detenerse, ya que sus gastos de cabildeo para 2019 fueron de 4,25 millones de euros.

La cifra de cabilderos que representan a estas compañías también ha aumentado drásticamente. Google pasó de tener apenas siete cabilderos declarados en Bruselas en 2013 a 16, según los datos más recientes. Facebook pasó de ocho cabilderos en 2011 a 25, Amazon de cinco a diez y Apple de cinco a siete.

Según Transparency International, entre 2009 y 2018, Google contrató a un total de 23 funcionarios de instituciones europeas, 11 de los cuales ejercen presión específicamente en la UE, lo que pone en evidencia el fenómeno de las puertas giratorias en dichas instituciones.

Por su lado, Microsoft ha gastado nada menos que 4,25 millones de euros al año entre 2011 y 2018. Esto lleva a un total de 36,5 millones de euros, lo que supera manifiestamente los gastos de los susodichos “cuatro gigantes tecnológicos”. Solo Google se le acerca, con 29,85 millones de euros.

La crisis como fuente de oportunidades

No cabe duda de que este cabildeo a gran escala no se queda con las manos vacías.

Las grandes compañías tecnológicas han logrado sacar oportunidades de la crisis de covid-19. Así, han blanqueado sus malas reputaciones en lo referente a escándalos recientes de privacidad y de protección de datos. Para ello se han presentado ante los legisladores como una respuesta a sus problemas y de esta manera han propuesto soluciones tecnológicas que por años fueron objeto de un cabildeo incesante.

Esto ha otorgado a dichas compañías un papel prominente en la cúspide de la política que incluso la mayoría de los Estados envidiarían, lo que les ha abierto el paso para dictar políticas e influir en ellas de manera tal que sus propios intereses se vean privilegiados por encima de los derechos fundamentales. Esto también les ha permitido obtener numerosos datos de un mercado normalmente inquebrantable.

La UE, que antes manifestaba gran prudencia ante las grandes compañías tecnológicas, se ha vuelto cada vez más dependiente de ellas.

Poco después de que el virus llegase a Europa, DigitalEurope, una organización de comercio que representa a gigantes tecnológicos como Amazon, Facebook y Google envió una carta a los presidentes de las tres instituciones europeas con el fin de solicitar una mayor inversión pública para la digitalización de varios sectores.

Entre estas peticiones figuraba la implementación de la 5G y la agilización de la creación de una base de datos europea en temas de salud para permitir la difusión de datos entre entidades públicas y privadas, y promover la inversión en inteligencia artificial para el sector sanitario.

Actualmente, Google y Apple se encuentran implicados a fondo en los esfuerzos de la UE para rastrear contactos de covid-19 mediante aplicaciones. Estas empresas, y no los gobiernos, son las que están dictando cuál será el nivel de privacidad de estas aplicaciones en cada país.

Los funcionarios encargados de los asuntos digitales en Alemania, Francia, Italia, España y Portugal publicaron una tribuna conjunta que acusa a los gigantes tecnológicos de impedir que gobiernos elegidos democráticamente tengan la última palabra respecto a cómo deberían desarrollarse las aplicaciones relacionadas con el coronavirus. No obstante, esto no ha suscitado respuesta alguna por parte de las compañías implicadas ni de la UE.

En Reino Unido, Amazon y Microsoft forman parte de un esfuerzo para crear un mecanismo interactivo de respuesta al coronavirus para el Servicio Nacional de Salud británico que pasa por alto serias preocupaciones respecto a la privacidad. En toda Europa existen acuerdos similares que proveerán a los gigantes de la tecnología datos sanitarios de los ciudadanos.

Un cabildero de Google incluso llegó a insinuar que la Comisión Europea debería reconsiderar algunos de los requisitos planteados en su Libro Blanco sobre la inteligencia artificial (publicado en febrero de este año) en lo referente al análisis y el uso de los datos europeos. Asimismo, otro grupo de presión que representa a varios de los gigantes de la tecnología solicitó una exención de impuestos por un año.

Invertir en la indulgencia

Irlanda posee una importancia particular ya que alberga filiales de Facebook, Microsoft y Apple y tiene la responsabilidad directa de controlar el sector tecnológico.

Pese a que la Unión Europea haya introducido el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en mayo de 2018, que en teoría sería la ley “más rigurosa” en temas de privacidad, los gigantes tecnológicos prácticamente no han recibido sanciones por incumplimiento de normas. Muchos lo consideran un fiasco.

La UE ha presentado varios informes y sugerencias respecto a lo que ha salido mal en la aplicación del RGPD, no obstante, poco se ha hecho al respecto. Entre 2016 y 2019, el personal de las agencias de protección de datos de los 27 países de la UE ha aumentado un 42% y los presupuestos, un 49%. Sin embargo, esto no ha hecho mayor diferencia.

Irlanda, al igual que Luxemburgo (hogar de colosos tecnológicos como Amazon), no ha realizado ninguna investigación relevante respecto a estas compañías, lo que ha puesto en duda su aptitud para supervisar a las empresas mismas de las que tanto depende su economía.

La indulgencia y el poder también se pueden comprar

Entre enero de 2010 y junio de 2020, Amazon, Facebook, Google y Apple han realizado en Irlanda un total de 14 inversiones greenfield destinadas a proyectos de las TIC y de infraestructura, una cifra mayor a la de cualquier otro país europeo.

Según un informe de 2018, la contribución de los Centros de Proceso de Datos (CPD) a la economía irlandesa ha sido de 7130 millones de euros desde 2010. Host in Ireland estima que las inversiones en los CPD generarán una ganancia de 1130 millones de euros para Irlanda, con 12 establecimientos en construcción y otros 26 en proceso de planificación. También prevé una inversión de 6700 millones entre ahora y 2025 que se sumaría a los 6200 millones de euros invertidos en el sector hasta el momento.

Esto pone de relieve la manera en la que la dependencia de los Estados en estas compañías tecnológicas obstaculiza las investigaciones imparciales y las sanciones derivadas. Asimismo, demuestra que los gigantes tecnológicos, más que los gobiernos, son en realidad los que disponen en temas de políticas de privacidad.

En mayo, Microsoft anunció una inversión de 1500 millones de dólares en Italia para la computación en la nube. Esto implicará un acceso a los servicios locales en la nube y acelerará la reactivación de los negocios al dar acceso a diversos centros de inteligencia artificial y a iniciativas para las pymes. Siguiendo esta misma línea, también realizará una inversión de mil millones de dólares en Polonia.

En junio, Google también confirmó que invertiría entre 1500 y 2000 millones de dólares en un CPD varsoviano para administrar los servicios en la nube.

Las inversiones a semejante escala pueden conducir al mismo fenómeno que han vivido Irlanda y Luxemburgo: los Estados, pese a estar encargados de controlar la actividad de los gigantes tecnológicos situados en su territorio, no cumplen con su deber a causa de su importancia para la economía nacional.

La integración de las grandes compañías tecnológicas en los países europeos, al igual que la dependencia resultante que desarrollan los Estados implicados, propaga la influencia de estas de manera inédita. Pero limitarse a un poderío nacional no parece satisfacerlas.

A inicios de 2020, Microsoft anunció el nombramiento de dos altos mandos encargados de asuntos gubernamentales para sus sedes en Bruselas y Nueva York, y la apertura de una nueva oficina de representación en esta última ciudad para las Naciones Unidas.

El diplomático danés Casper Klynge ocupa actualmente la vicepresidencia de Microsoft para asuntos gubernamentales europeos en Bruselas. La empresa afirma haberlo contratado para que “fortalezca las relaciones externas de la compañía tanto con las instituciones de la UE como con diversos gobiernos europeos, y se asegure de que Microsoft sea un socio constructivo a la hora de brindarles apoyo a los legisladores en Bruselas y en otras capitales europeas para que alcancen sus metas”.

Cada vez está más claro que los gigantes tecnológicos no pretenden limitarse a incrementar su influencia mediante el cabildeo mientras se someten a las leyes estatales, sino que buscan ir más lejos y abrirse camino en esferas políticas de máxima importancia que suelen estar reservadas a las cabezas de Estado.

Conforme la sociedad se va digitalizando con creces, o conforme llegamos a la Cuarta Revolución Industrial, en palabras del Foro Económico Mundial, ahora que la tecnología está presente prácticamente en cada aspecto de nuestra cotidianidad, el nivel de dependencia en los gigantes tecnológicos llega hasta las nubes.

Esta evolución de la sociedad cae como anillo al dedo para las grandes empresas tecnológicas, ya que les permite dictar políticas que las beneficien y ejercer presión para que se aprueben. Esto se ve facilitado por su presencia indispensable en el núcleo mismo de las economías e infraestructuras nacionales.

El papel de la UE y sus Estados es sin duda esencial para evitar que la situación se salga de control. No obstante, este requisito básico se encuentra en gran peligro debido a la mezcla del poderío financiero y la influencia política de estas compañías con la dependencia de Europa en ellas debido a la decadencia de su propia industria tecnológica.