Una de las medidas que se están tomando para reducir las emisiones de CO₂ (gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global) es gravar estas emisiones. Esta es la conocida política de tarificación del carbono, un enfoque de mercado que considera las emisiones de carbono como bienes que deben intercambiarse y gravarse a nivel internacional.

El régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea

A nivel europeo, el instrumento más importante de fijación de precios del carbono es el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (RCDE), la columna vertebral de la política de transición energética de la UE y de una lucha más amplia contra el cambio climático.

En 2005, se lanzó el RCDE UE, el primer mercado de emisiones de CO₂ jamás creado, y el más grande existente hasta la fecha: abarca alrededor de 11 000 industrias de los sectores de la energía y las líneas aéreas que operan en todo el territorio de la UE, así como Noruega, Islandia y Liechtenstein.

El RCDE UE se ejecuta en un sistema llamado «cap and trade» [Límite y Comercio]. Para cada país existe un límite de emisiones de CO₂ anual acordado, mientras que las industrias que operan dentro del mercado de la UE tienen derechos de emisión fijos. Año tras año, las empresas más limpias pueden vender sus excedentes de créditos de CO₂ a las empresas que contaminan más de lo esperado. También hay sanciones, proporcionales al exceso de emisiones, para las empresas que emiten más CO₂ de lo acordado.

Idealmente, el RCDE UE debería fomentar la descarbonización, dado que el umbral máximo disminuye cada año y el coste de las emisiones suplementarias aumenta. Por lo tanto, se vuelve cada vez más caro producir energía utilizando métodos que son más dañinos para el medio ambiente, como los combustibles fósiles.

Hasta el momento, el RCDE UE no parece haber tenido el impacto deseado: las emisiones en el sector energético apenas se han visto afectadas. Un estudio reciente del Institute for New Economic Thinking (Instituto del Nuevo Pensamiento Económico) nos ofrece una perspectiva más amplia y muestra que la política de tarificación del carbono ha sido responsable de una reducción efectiva de las emisiones en un 1 y un 2,5 % del total. 

No es ninguna sorpresa que el impacto de esta política haya sido tan bajo. De hecho, lleva recibiendo críticas durante años. En 2007 Politico definió al RCDE UE como un mercado donde las empresas «compran y venden el derecho a contaminar». Este mercado también ha sido sede de un fraude de miles de millones de euros. Esas actividades explotan las deficiencias sistémicas, mientras que las dificultades y los retrasos dificultan su resolución.

Las contradicciones detrás de los proyectos de descarbonización

Según Corporate Europe Observatory, las grandes multinacionales han comenzado a utilizar el mercado del RCDE UE más como una oportunidad para obtener subvenciones y aumentar los beneficios, que para realizar la transición energética y actuar contra el cambio climático. Aquí también, ha habido fuertes movimientos de cabildeo para mantener el statu quo defectuoso.

De todas las debilidades que favorecen a los negocios sin escrúpulos, el sistema de compensación de emisiones de carbono es de las peores. Este sistema proporciona crédito internacional para que las empresas gasten en el mercado de CO₂ para proyectos de descarbonización en otras regiones. Es bastante simple: si una industria produce un proyecto que reduce sus emisiones de CO₂, la reducción efectiva estimada se resta de sus emisiones efectivas. 

Desafortunadamente, algunos de estos proyectos de descarbonización son muy opacos, como ya se señaló hace diez años. Más recientemente, una investigación del periódico danés Politiken reveló que algunas de estas iniciativas son ficticias y pueden juzgarse como completos fraudes climáticos. En cuanto a objetivos establecidos y su realización se refiere, estos proyectos parecen estar desconectados de su verdadero interés y suelen tener resultados mínimos.

Los proyectos de descarbonización fuera de Europa también ofrecen a las multinacionales un beneficio dudoso. Tomemos a ENI como ejemplo: este proyecto de reforestación en África era aparentemente sobre la plantación de árboles con fines industriales, pero fue descrito como una apropiación de tierras. Se han formulado críticas similares sobre Royal Dutch Shell.

El papel de los Estados miembros

Junto con los grupos industriales, los Estados miembros también son responsables del éxito limitado que han tenido las políticas de descarbonización en Europa.

Los Estados miembros asignan subvenciones sustanciales a las empresas que operan en el sector de la energía. Según los datos recopilados por Investigate Europe, cada año se destinan casi 140 000 millones de euros de dinero público para la financiación de combustibles fósiles en Europa. Existen varios tipos de beneficios: exenciones o recortes fiscales, subvenciones directas para la producción o el uso de combustibles fósiles, o la asignación gratuita de derechos de emisión, que las empresas pueden gastar en el mercado del RCDE UE. 

Además de seguir apoyando los combustibles fósiles, muchos Estados miembros no han cooperado en la aplicación de las modificaciones del RCDE UE introducidas por la Comisión Europea y el Parlamento en marzo de 2018. En la nueva Directiva, se establecen nuevas medidas para determinar un aumento de los precios de las emisiones, instrumentos para prevenir la fuga de carbono, y dos mecanismos de financiación para la transición energética: el Fondo de innovación y el Fondo de modernización. El umbral de emisiones también se reducirá más rápidamente.

Sin embargo, hasta la fecha, 19 Estados miembros se enfrentan a procedimientos de infracción pendientes por no aplicar esta Directiva. Las iniciativas de la Comisión tienen una tendencia a chocar contra la reticencia de los Estados miembros. Al observar los datos publicados por Openpolis sobre los procedimientos de infracción actualmente abiertos, los problemas ambientales representan un impresionante 25,7 % del total.

La función de seguimiento desempeñada por la Comisión Europea es vital para alcanzar los objetivos de emisión establecidos. Como recordó el Comisario de ´la Política Climática Frans Timmermans, en Bruselas «no tenemos un ejército que podamos enviar para convencer a los Estados miembros, la fuerza de nuestros argumentos debería bastar.»