Las aplicaciones de rastreo de contactos han sido un fracaso en la Unión Europea. Al principio de la pandemia se plantearon como una herramienta esencial para detener las cadenas de contagio y los Estados miembros no dudaron en invertir millones de euros en su desarrollo. Luego su implantación fue anunciada a bombo y platillo y se lanzaron ambiciosas campañas de comunicación para promover su utilización. Pero apenas un año después, en un momento en el que el virus está recuperando terreno y más podrían haber sido de ayuda, el análisis de sus estadísticas muestra unos resultados decepcionantes, con la mayoría de aplicaciones relegadas al olvido.

Lo cierto es que los ciudadanos europeos respondieron masivamente a la llamada de las instituciones —en Alemania, la aplicación Corona-Warn-App cosechó 15,8 millones de descargas , el equivalente al 20% de la población, en su primer mes de vida, mientras que en Finlandia 2,5 millones de personas se habían descargado Koronavilkku dos meses después de su lanzamiento, el 45% de la población—. Fue después, cuando comprobaron que las apps servían de poco más aparte de consumir espacio y energía, que dejaron de usarlas.

En un principio las autoridades sanitarias fijaron en el 60% el umbral mínimo de descargas para que esta tecnología tuviera un impacto relevante, pero en la UE solo Irlanda ha conseguido sobrepasar ese dato —a finales de noviembre de 2021 su app, Covid Tracker, contaba con 3,75 millones de descargas, el equivalente al 75% de la población—. Posteriormente, nuevos estudios demostraron que a partir de una penetración del 20% las aplicaciones de rastreo también contribuyen a frenar los contagios, una tasa que sí consiguieron superar la mayoría de Estados miembros.

Sin embargo, los datos de los casos positivos notificados a través de estas aplicaciones —en mayo solo uno de cada 25 europeos los comunicaban— cuentan una historia diferente, la historia de una oportunidad perdida y, en algunos casos, de inversión desperdiciada. En Croacia, cada uno de los 77 contagios notificados a través de la app Stop COVID-19 le costó al Gobierno 1.683€ de media, y eso que el desarrollo de la aplicación fue gratuito. Además, la falta de análisis y auditorías sobre los resultados obtenidos impiden conocer con exactitud hasta qué punto han sido útiles las aplicaciones de rastreo en la lucha contra la pandemia.

Más de cien millones de euros invertidos

En abril de 2020, la Comisión Europea incluyó entre sus recomendaciones para la desescalada el desarrollo de aplicaciones que facilitaran el distanciamiento social y el rastreo de contactos, a lo que la eHealth Network, una red formada por las autoridades públicas de salud en línea de los Estados miembros, respondió publicando una caja de herramientas común para respaldar y unificar la concepción de estas aplicaciones.

A partir de esa base, los gobiernos europeos fueron lanzando sus propias apps durante los siguientes meses, aunque los costes de desarrollo, mantenimiento e integración con el resto de aplicaciones —tareas encargadas generalmente a empresas privadas— no fueron para nada homogéneos. Alemania, con 67,45 millones de euros presupuestados hasta finales de 2021, es el país que más recursos ha destinado con diferencia. Varios países, incluso, apostaron por adaptar directamente la aplicación alemana a su contexto nacional, caso de Bélgica, Lituania o Eslovenia.

También destaca por su precio la neerlandesa CoronaMelder, en la cual el Gobierno de Países Bajos ha invertido un total de 18,7 millones de euros, a los que hay que sumarles otros 4,3 millones en publicidad. En este sentido, aunque la mayoría de países no desglosaron los gastos asociados a la promoción de las aplicaciones, los datos de aquellos otros que sí lo hicieron demuestran el esfuerzo que hicieron algunas administraciones por que estas herramientas llegaran al mayor número posible de personas. En Francia y Estonia, de hecho, la inversión en publicidad superó a la del desarrollo y el mantenimiento de las aplicaciones —4,78 millones de euros frente a 2,27 millones y 200.000 euros frente a 102.000, respectivamente—, mientras que en España y Finlandia las cifras también fueron millonarias.

En total, sin incluir el gasto en publicidad, los Estados miembros han destinado al menos 106 millones de euros al diseño de esta tecnología. Los datos provienen de numerosas fuentes consultadas por EOM para este reportaje (ver metodología para más detalles), aunque no ha sido posible recabar la información económica de las aplicaciones de Chipre, Chequia —eRouška ya no está siquiera disponible— y Malta. Asimismo, las apps de Italia y Letonia fueron desarrolladas a coste cero por compañías de software y luego cedidas al Estado, aunque no se conoce cuánto dinero han invertido Roma y Riga en su gestión. Caso distinto es el de Estonia, Dinamarca y Croacia, que también recibieron la ayuda altruista del sector privado pero sí especificaron las partidas que destinaron al mantenimiento y la integración de las aplicaciones.

En Austria, por su parte, la fundación privada Uniqa contribuyó con dos millones de euros a los tres millones que requirió la puesta en marcha de Stopp Corona App, mientras que Bulgaria, Grecia, Luxemburgo, Suecia, Hungría, Eslovaquia y Rumanía directamente no adoptaron ni promovieron de forma decidida una aplicación de rastreo de contactos.

Asimismo, es importante señalar que Bruselas reservó tres millones de euros del Instrumento de Asistencia Urgente para ayudar a los Estados miembros a adaptar sus aplicaciones nacionales al contexto europeo. Según ha confirmado la Comisión Europea a El Orden Mundial, trece fueron los países que solicitaron finalmente la ayuda económica —Austria, Croacia, Chipre, Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia y Eslovenia—, percibiendo en conjunto cerca de dos millones de euros —la dotación máxima era de 150.000 euros—.

Ni siquiera dos millones de contagios rastreados

¿Y de qué sirvió todo ese esfuerzo? Salvo algunas excepciones, de muy poco: en total, según los datos recabados para este análisis, hasta el mes de noviembre de 2021 inclusive se han notificado 1,83 millones de contagios a través de las aplicaciones de rastreo. Eso significa que estas tan solo han servido para rastrear el 5% de todos los casos de covid-19 confirmados durante su periodo de actividad en los países con datos disponibles —no ha sido posible acceder a las estadísticas de Chipre, Chequia, Estonia, Malta y Portugal—.

Aunque hay casos de éxito, sobre todo en la parte norte del continente: Dinamarca ha podido alertar a los contactos estrechos del 26% de sus positivos, Finlandia al 16%, Alemania al 14% y Países Bajos al 10%. Pueden parecer cifras discretas, pero han podido ser suficientes para evitar miles de nuevos contagios. El problema es que aún faltan estudios que permitan adivinar el impacto real que ha tenido esta tecnología en el devenir de la pandemia en la UE.

En Reino Unido, por ejemplo, la Universidad de Oxford estimó que la aplicación del Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) había evitado entre 200.000 y 900.000 infecciones desde octubre hasta diciembre de 2020 y que por cada 1% ganado en el número de usuarios los casos disminuían entre un 0,8% y un 2,3%. En la Unión Europea ese tipo de datos se desconocen. Los gobiernos dieron por finalizada su misión con el lanzamiento y la promoción de las aplicaciones y por lo general se olvidaron luego de seguir alimentándolas, corregir errores y analizar sus aciertos y fallos.

Además, son muy pocas las administraciones que comparten de forma proactiva, fácilmente accesible y sobre todo con actualizaciones diarias las estadísticas de sus apps —España, Francia e Italia destacan positivamente en este aspecto—, un síntoma de la escasa rendición de cuentas que ha habido en torno a estas herramientas.

Miedo a la pérdida de privacidad

“Si bien acepta que sus datos personales estén bajo el control de las empresas de internet, la mayoría de los ciudadanos parecen no estar dispuestos a compartir sus datos por el interés público”. Esa es la conclusión a la que llegó en el mes de agosto un estudio publicado por el Centre for Economic Policy Research (CEPR) con respecto a la escasa penetración de las aplicaciones de rastreo.

A pesar de los esfuerzos que hizo Europa para garantizar un uso de los datos descentralizado y anónimo , los ciudadanos no terminaron de fiarse de sus gobernantes y muchos vieron en estas herramientas una forma de vigilancia y control.

Además, hay que tener en cuenta que las aplicaciones de rastreo entraron en escena en un contexto de saturación, escasez de recursos —desde materiales sanitarios a profesionales de la salud— e improvisación, por lo que muy frecuentemente las autoridades no pudieron dedicar toda la atención que exigían ni explotar al máximo su utilidad. De hecho, la integración de las apps en los sistemas nacionales de salud fue un problema común en la Unión Europea , y en muchas ocasiones los usuarios contagiados ni siquiera recibieron el código que debían utilizar para advertir a sus contactos estrechos.

La suma de todos estos factores impidió que las descargas aumentaran y que, al igual que sucedió con las vacunas, el rechazo inicial se fuera poco a poco desvaneciendo hasta que la presión social acabó por convencer a la mayoría de la población.

Paradójicamente, en el momento en el que todo se digitalizó, cuando la vida pasó de un día para otro a suceder en internet, la UE no fue capaz de sacar partido a la tecnología para detener las cadenas de transmisión. Tampoco de buscar una respuesta a por qué una inversión de más de cien millones de euros sirvió de tan poco. La oportunidad estuvo ahí, esperando a ser instalada en los móviles de los ciudadanos.

Metodología

Los datos de los costes de las aplicaciones, el número de descargas y el número de positivos notificados fueron obtenidos de las propias páginas web de las aplicaciones, de informes de los ministerios de Sanidad, contactando directamente a los desarrolladores de las aplicaciones o encargados de su mantenimiento o, en su defecto, de noticias publicadas por la prensa local.

En cuanto al cálculo del porcentaje de positivos notificados, se han utilizado los datos de casos confirmados de covid-19 de Our World in Data registrados en el periodo comprendido entre el día de lanzamiento de cada aplicación y la fecha de la última actualización de las estadísticas de su utilización.

Asimismo, se ha optado por el número de descargas en relación con la población de cada país como indicador de la penetración de las aplicaciones por la disponibilidad de los datos y su fácil comparación. No debe confundirse, sin embargo, con el número de usuarios activos, cifra que solo comparte un puñado de Estados miembros y que no tiene en cuenta a aquellas personas que se descargaron la aplicación pero no llegaron a usarla o aquellas que sí lo hicieron pero que la desinstalaron después.

También es importante advertir de las particularidades de la información económica de algunos países:

• El gasto de Croacia no incluye 12.000 kunas (cerca de 1.600 euros) mensuales que según el medio Telegram gasta el Estado en el mantenimiento de Stop COVID-19 desde agosto de 2020 por no conocer su exactitud ni haber podido confirmar el dato.
• El de Dinamarca abarca hasta el primer semestre de 2021 y sí incluye gastos de promoción de la aplicación, ya que no fue posible conocer el desglose del coste total.
• El de Francia incluye los costes asumidos hasta diciembre de 2020.
• El de Alemania, hasta el final de 2021.

Por último, en relación a los países que no han sido tenidos en cuenta en este análisis por no haber adoptado ni promovido de forma decidida una aplicación de rastreo de contactos —Bulgaria, Grecia, Luxemburgo, Suecia, Hungría, Eslovaquia y Rumanía—, cabe explicar que algunos de ellos sí que llegaron a utilizar en cierto modo una app de este tipo, pero o bien no se trataba de una aplicación de rastreo como tal  —caso de Bulgaria, donde los ciudadanos podían compartir su ubicación con ViruSafe pero solo para que el Gobierno pudiera identificar puntos calientes de propagación del virus— o bien se trató de iniciativas privadas que al principio despertaron el interés de los dirigentes públicos pero luego no contaron con un apoyo sólido y continuo, lo que minimizó su penetración —Hungría, Rumanía o Eslovaquia—.